La Corte Suprema de Justicia de la Nación compartió lo manifestado por la Procuradora Fiscal en punto a que corresponde examinar de oficio la legitimación procesal invocada por el actor en tanto se trata de un presupuesto necesario para que exista un caso o controversia que habilite la intervención de la justicia.

En tal sentido señaló, con remisión a los argumentos que volcara en Fallos 329:4542, reiteradas en Fallos 340:745, que el señor Defensor del Pueblo de la Provincia de Chaco carece de legitimación para cuestionar judicialmente la decisión adoptada por la autoridad nacional por la cual se dispuso el aumento de la tarifa del servicio de transporte de pasajeros interprovincial Chaco –Corrientes.

El 29 de diciembre de 2014 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de La Plata, Provincia de Buenos Aires, condenó por sentencia no firme a Rufino Batalla a la pena de trece (13) años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de la condena por la comisión de diversos crímenes de lesa humanidad.

La defensa de Rufino Batalla solicitó la aplicación del artículo 7° de la ley 24.390 – hoy derogado por ley 25.430- para el cómputo del tiempo de su prisión preventiva, a los fines de fundar una solicitud de salidas transitorias en favor del nombrado. Dicha pretensión fue rechazada por el citado tribunal oral.

Ello motivó la impugnación ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que también fue rechazada.

Contra lo decidido por el a quo, la asistencia técnica de Batalla interpuso recurso extraordinario, cuya denegación motivó la interposición de la presente queja.

La defensa entendió que en el caso se había afectado el principio de legalidad y de aplicación de la ley penal más benigna en el cómputo de los plazos de detención preventiva (arts. 2°, 3° y 4° del Código Penal, 18 de la Constitución Nacional, 9° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -en adelante, CADH- y 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -PIDCyP-).

Señaló, en tal sentido, que ese cómputo debió haberse efectuado teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 7° de la ley 24.390 (texto original, posteriormente derogado por la ley 25.430) y tachó de arbitraria a la decisión apelada.

Encontrándose las actuaciones a estudio de la Corte, fue dictada la ley 27.362 que fijó el alcance del beneficio previsto en el referido art. 7° de la ley 24.390 y dispuso su aplicación a las causas en trámite. Esa norma estableció que "de conformidad con lo previsto en la ley 27.156, el artículo 7° de la ley 24.390 -derogada por ley 25.430- no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional" (art. 1°), que el "cómputo de las penas establecido en su oportunidad por el artículo 7° de la ley 24.390 -derogada por ley 25.430- será aplicable solamente a aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de aquella ley" (art. 2°), y que lo dispuesto por los artículos anteriores "es la interpretación auténtica del -5- artículo 7° de la ley 24.390 -derogada por ley 25.430- y será aplicable aún a las causas en trámite" (art. 3°).

Frente a la incidencia que dicha norma pudiera tener sobre la cuestión sometida a conocimiento y decisión, a fin de resguardar el derecho de defensa de los interesados y recordando la doctrina de esta Corte en el sentido de que sus sentencias deben atender a las circunstancias existentes al tiempo de su dictado, aunque sean sobrevinientes al recurso extraordinario (Fallos: 285:353; 310:819; 313:584; 325:2177; 329:1487; 333:1474, entre otros), el tribunal dispuso oír a las partes al respecto. A raíz de ello, se expidieron los apoderados de la parte querellante; los apoderados de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; los representantes de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación y la defensa de Rufino Batalla.

Posteriormente dictaminó la Procuración General de la Nación en los términos contemplados en el artículo 2, inciso a) de la ley 27.148.

En ese estado, el Máximo Tribunal consideró que la sentencia impugnada resultaba equiparable a definitiva, y que el recurso era formalmente procedente toda vez que el recurrente había cuestionado el alcance del principio de ley penal más benigna, contenido en el art. 2° del Código Penal y en los arts. 90 de la CADH y 15.1 del (PIDCyP), por vulnerar el derecho al debido proceso y el principio de legalidad consagrados en los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional, y la decisión había sido contraria al derecho citado por el apelante (art. 14, inciso 3°, de la ley 48).

En cuanto al fondo, el tribunal cimero, por mayoría de cuatro votos contra la disidencia del Juez Rosenkrantz, resolvió que correspondía hacer lugar a la queja, declarar admisible el recurso extraordinario interpuesto y, confirmar la decisión recurrida.

La Provincia de La Pampa promovió demanda contra el Estado Nacional a fin de que se declare la inconstitucionalidad del Decreto N.º 1399-2001 del Poder Ejecutivo Nacional -por el que se dispuso que los recursos de la Administración Federal de Ingresos Públicos se conformaran, entre otros, por un porcentaje de la recaudación neta total de los gravámenes y de los recursos aduaneros cuya aplicación, recaudación, fiscalización o ejecución fiscal se encuentre a cargo del organismo-, la nulidad absoluta de todos los actos administrativos dictados en consecuencia y la restitución de las sumas no ingresadas a la masa coparticipable por aplicación de la norma cuestionada, y de las que se dejen de ingresar en el futuro, en la proporción que le corresponde según el artículo 4° de la Ley N.º 23.548, con más sus intereses. La CSJN hizo lugar a la demanda, por ser la cuestión planteada sustancialmente análoga a la examinada y resuelta por el Tribunal en las causas “Santa Fe, Provincia de” (Fallos: 338:1389) y CSJ 1039-2008 (44-S)/CS1 “San Luis, Provincia de c/ Estado Nacional s/ cobro de pesos”, sentencia del 24 de noviembre de 2015.

Se requirió opinión a la Procuración del Tesoro de la Nación con relación al alcance que debe dársele al concepto de procesado utilizado en el art. 28, inciso e) del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública en virtud de la sanción de la Ley N.° 27.401 de Responsabilidad Penal sancionada en diciembre del año 2017. La Procuración del Tesoro de la Nación entendió que si bien con la sanción de la Ley N.° 27.401 pueden ser procesadas tanto las personas humanas como las jurídicas y que, por tanto, el artículo 28 inciso e) del RCAN ha ampliado su espectro, no cabe extender el concepto de “procesado” que utiliza el art. 28, inciso “e” del RCAN a las personas jurídicas que no están procesadas ni podrán estarlo por hechos que ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley N.° 27.401.