Con las firmas de los jueces Rosatti, Maqueda y Lorenzetti, la Corte Suprema consideró que la contestación de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación que se limitó a invocar el carácter "secreto" y "reservado" de los decretos cuya publicación solicitó el actor, sin aportar mayores precisiones al respecto, y sin siquiera mencionar qué norma jurídica daba sustento suficiente al Poder Ejecutivo Nacional para clasificarlos de esa manera, resultaba ilegítima. También destacó que la legitimación para solicitar acceso a la información bajo el control del Estado es amplia, y corresponde a toda persona, sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal.