Requerir a los Fiscales Generales la disposición de acciones especialmente encaminadas a que los agentes fiscales bajo su órbita adopten medidas conducentes a fin de detectar y perseguir penalmente delitos informáticos en general y sus modalidades de comisión específicas -delitos con componentes tecnológicos o que pueden cometerse a través de la web, particularmente redes sociales-, de conformidad con las particularidades de cada departamento judicial.