El pasado 16 de agosto del corriente, en la localidad de San Andrés de Giles, un transportista (de 30 años, oriundo de General Rodríguez) que cumple tareas para una empresa de la ciudad de Lujan, denunció en la comisaría local que había sido asaltado.

Según su descripción de los hechos, mientras conducía su camión marca Mercedes Benz,  tras realizar la entrega correspondiente de mercadería en distintas localidades y recibir el pago por la provisión correspondiente, al emprender la marcha de regreso hacia la empresa por la  Ruta Nacional N. ° 7, cerca de la medianoche, y a la altura del kilómetro 95 se detuvo y fue abordado por un vehículo. De este, descendieron dos personas con los rostros cubiertos que portaban armas de fuego y le habrían sustraído una  importante suma de dinero, además de un celular, entre otras pertenencias. Luego, según refirió, lo habían hecho ingresar al camión, del lado del acompañante, ordenándole que se mantuviera agachado, mientras se daban a la fuga. 

La denuncia recayó en la Unidad Funcional de Instrucción N.º 6 – a cargo del Dr. Luis Carcagno – y se inició una investigación con el accionar de la Ayudantía Fiscal de la localidad, a cargo del Dr. Diego Ferretti. 

Como consecuencia de la actividad  realizada desde el Ministerio Público respecto de  telefonía celular, posicionamientos de antena y relevamiento de cámaras de seguridad, y frente a inconsistencias en el relato de la presunta víctima, se logró determinar que se trataba de un falso testimonio. 

Ante ello, se solicitó ante el Juzgado de Garantías N.° 1 –a cargo del Dr. Marcelo Romero- la detención del conductor y de una segunda persona que habría colaborado en el ilícito; y se requirió el allanamiento y registro sobre la vivienda de los imputados en la localidad de General Rodríguez por los delitos de “defraudación por administración infiel” y “falsa denuncia”. 

El  juez interviniente no otorgó la detención de los sospechosos en tanto consideró que si bien se habría configurado el ilícito de falsa denuncia, los elementos reunidos no resultaban suficientes para la imputación del delito de “defraudación por administración infiel”. El allanamiento y registro de la vivienda solicitados fueron ejecutados en la jornada del 27 de octubre último, con la colaboración de la Policía Comunal de la localidad. En la ocasión, se secuestró telefonía celular y un automóvil que habría sido utilizado en el ilícito. Las tareas investigativas continúan su curso.