El Estado nacional dedujo un pedido de aclaratoria contra el pronunciamiento del 1º de octubre de 2019 dictado por el Tribunal Cimero. Este había concedido las medidas cautelares solicitadas y ordenado que los efectos fiscales de la aplicación de los decretos n° 561/19 y n° 567/19 fueran asumidos con recursos propios del Estado Nacional sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.
La Suprema Corte con la firma de los jueces Rosatti, Maqueda y Lorenzetti desestimó el pedido de aclaraciones. Para así resolver, destacó, entre otras consideraciones, que sus decisiones no son, en principio, susceptibles de recurso alguno (Fallos: 339:608, entre muchos otros), si en el caso no se configuraba algún supuesto estrictamente excepcional que justificara apartarse de tal doctrina.
Con relación a la audiencia pública también peticionada junto con el pedido de aclaratoria (en los términos de la acordada 30/2007), consideró que esta resultaba improcedente y, que, por ello, correspondía su rechazo.
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