Por la Redacción de la Revista Vida Pública

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“Coronavirus y crisis sanitaria: ¿cómo salvaguardar los derechos fundamentales?”

Traducción libre: Magíster María José Rodríguez 

En un comunicado publicado el 21 de marzo relativo a los derechos fundamentales durante la crisis sanitaria, el Defensor de los derechos, la Controladora general de los lugares de privación de las libertades y el presidente de la Comisión nacional asesora de los derechos del hombre de Francia, solicitan que las medidas de urgencia frente a la crisis sanitaria no perjudiquen a las personas encerradas (prisiones, centros de retención administrativa) o aisladas que viven en la calle.

Las situaciones de riesgo 

Los autores de este texto subrayan los riesgos ligados a las condiciones de detención “inhumanas y degradantes”. Refieren que la Corte europea de los derechos del hombre (CEDH) condenó en enero de 2020 a Francia por las condiciones de detención en las prisiones francesas. En ellas, una higiene a menudo deficiente y espacios exiguos generan el riesgo de de transformar estos establecimientos en una usina de propagación del virus afectando a la vez a los detenidos y al personal del establecimiento.

Este comunicado alerta igualmente sobre la situación de las personas encerradas o aisladas pero también de aquellas que viven en la calle, que tienen necesidad de ayuda social sin olvidar los profesionales que se ocupan de ellos en los diferentes establecimientos de detención o de salud.

Prisiones. Una superpoblación crónica. Necesidad de medidas urgentes 

Si las recientes medidas gubernamentales de lucha contra la pandemia deben garantizar la igualdad de tratamiento de todos los individuos, ellas deben garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de cada individuo.

Los autores del comunicado llaman entonces a que el Estado actúe para responder a “su deber de asistencia para asegurar la igual dignidad de todas y de todos”. 

La solución pasaría en particular por la liberación de los detenidos próximos a cumplir el fin de su pena (menores, personas particularmente vulnerables, dependientes o sufrientes de de patologías crónicas o de problemas mentales). En este contexto por otra parte, la ministro de justicia ha precisado el martes 24 de marzo, luego de los cuestionamientos al gobierno y a la Asamblea nacional, que hay alrededor ya de 1600 detenidos menos en las prisiones desde mediados de marzo. La ministro ha igualmente anunciado el miércoles 25 marzo la liberación próxima, bajo ciertas condiciones de 5000 à 6000 detenidos.

Siempre según los autores del comunicado, estas medidas de urgencia deben también tomar en cuenta la cuestión del confinamiento y de la protección de las personas que viven en la calle, en campamento o inclusive en villas miseria o lugares precarios.

En fin, de cara a los riesgos de contaminación a la vez de los extranjeros retenidos y del personal, el Defensor de los derechos pide al ministerio del interior el cierre de los lugares de retención administrativa, a la espera de la mejora del contexto sanitario en Francia.