La Suprema Corte de Justicia, de conformidad con lo dictaminado por el Procurador General, hizo lugar al conflicto promovido por el señor Intendente de la Municipalidad de Villa Gesell, contra el Concejo Deliberante. Ello, en tanto este, luego de dejar sin efecto la designación de la funcionaria originariamente formalizada por el Poder Ejecutivo, como representante municipal ante la cooperativa eléctrica C.E.Vi.Ge., que opera en el aludido distrito de la Costa Atlántica, designó a otro representante. 

El Tribunal destacó que la competencia de la Suprema Corte, establecida en el art. 196 de la Constitución de la Provincia, si bien excepcional y restrictiva, se abría en casos como el examinado, en los que la contienda se producía entre dos departamentos -uno deliberativo y otro ejecutivo- de una Municipalidad.

Al efecto, recordó que según el art. 234 de la Ley Orgánica de Municipalidades en los contratos de concesión -sin distinción alguna- las empresas deben aceptar que el municipio fiscalice sus actividades en todo aquello que concierne a la prestación del servicio, como asimismo, al cumplimiento de las ordenanzas de tarifas y precios. Y que según allí se dispone, los funcionarios a quienes se confíe la mentada fiscalización, serán designados por el Departamento Ejecutivo.

De consiguiente, coligió que resultaba  una atribución propia del Intendente, la selección y el nombramiento del representante municipal titular que, junto a los restantes miembros elegidos por la Cooperativa, debe integrar el Consejo de Administración con el objeto de velar por la correcta prestación del servicio eléctrico encomendado, y cuya única función es la de control del servicio.

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