En el caso, la actora había solicitado una medida cautelar contra el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en procura de suspender los efectos de la Resolución de fecha 7 de noviembre de 2017, dictada por el Director General de Asistencia y Tratamiento del Servicio Penitenciario Bonaerense; ello, en tanto este acto había dispuesto la rescisión del “Convenio Específico de Formación Técnico Practica”, suscripto con la demandante.
En la intervención que le cupo, el juez de la causa advirtió que el planteo cautelar de continuidad del contrato rescindido connotaba la existencia de un derecho supeditado a un mayor análisis de apariencia, por lo cual, no resultaría acreditada la verosimilitud del derecho predicado en la demanda (art. 22, inc. 1 "a" del C.C.A.).
Sin perjuicio ello, ordenó a la administración que procediera a la entrega de los bienes propiedad de la contratante que se encontraban en el predio del Servicio Penitenciario (conf. arts. 204 del CPCC y 22, inc. 2 y 26, inc. 3 del CCA), con fundamento en que no existiría norma, ni cláusula, que prohibiera esa restitución y el retiro de los elementos.
Agregó que la prohibición de entregar los bienes hasta la resolución del procedimiento administrativo, iniciado al efecto, condicionaría a la demandante a un plazo incierto afectando su derecho de propiedad, de trabajar y de ejercer una industria lícita.
También consideró configurado el peligro en la demora toda vez que, según remarcó, de no hacer lugar a la medida, la actora podría afrontar una situación de desprotección de sus bienes, de los que, además, desconocería su estado, así como la fecha de restitución con el consiguiente riesgo de desgaste y deterioro.
Apelado lo decidido por la representación fiscal, la Cámara revocó la resolución impugnada en cuanto fue materia de agravios y sobre la base de que no se hallaban configurados los recaudos de admisibilidad de la medida cautelar peticionada, la dejó sin efecto con costas de la instancia a la actora vencida (conf. arts. 22, 23, 51|, 55, 56 y ccs. Ley N.º 12.008, texto seg. Las Leyes N.º 13.101 y N.º 14.437 y 274 y ccs. del CPCC).
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