El pasado 26 de mayo del corriente, el Fiscal Mauricio Del Cero, titular de la UFIJ N.° 18 de Delitos complejos del Departamento Judicial Bahía Blanca solicitó a la Jueza de Garantías N.º 4, Dra. Marisa Promé, la elevación a juicio de una causa en la que dos efectivos policiales se encuentran imputados por haber extorsionado a otro compañero policía que en sus horas libres se dedicaba a hacer servicios de cadetería.

De acuerdo a la investigación que llevó adelante el fiscal Mauricio del Cero, la víctima había recibido un llamado telefónico el día 14 de octubre de 2020, en horas de la noche, en el que el oficial Pablo Martín Lacaze, de la Comisaría de Punta Alta, lo convocaba a una reunión en la seccional, la que finalmente se efectuó en la intersección de las calles Alvear y Saavedra de esa localidad.

En ese encuentro, el oficial mencionado intimidó a la víctima exigiéndole el pago de una suma de dinero mensual ($ 4000) si quería seguir continuar con su trabajo adicional de cadetería, a cambio de no ser hostigado o demorado por los operativos policiales con móviles del servicio de calle del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría de Punta Alta. El damnificado grabó esa conversación registrada con su teléfono celular a mediados de octubre del año pasado.

Apremiado por Pablo Marín Lacaze, se coordinó la entrega de dinero y una vez en la Comisaría, el mencionado policía entregó la plata a su superior Maximiliano Ezequiel Doreste, quien conocía su procedencia ilícita. 

La víctima realizó luego la denuncia y se ordenó llevar a cabo un operativo con Policía Federal para lograr la detención de las personas vinculadas con el hecho delictivo. En aquella oportunidad, se secuestró en poder de los nombrados, cinco fajos de billetes en bultos de mil pesos. Además, se incautaron el CPU del Gabinete Técnico Operativo y cuatro teléfonos celulares de los efectivos que prestaban servicio en la comisaría local. Los efectivos policiales fueron detenidos y se encontraban cumpliendo con prisión preventiva desde el 11 de noviembre de 2020.

En marzo de 2020, la Sala I de la Cámara Penal de Bahía Blanca, por mayoría de opiniones, rechazó una presentación realizada por el defensor de Lacaze, quien sostenía que la calificación legal resultaba incorrecta y confirmaron la prisión preventiva dictada por la Jueza de Garantías N.º 4, Marisa Promé, por el delito de extorsión agravada.

Los jueces Gustavo Barbieri y Guillermo Petersen coincidieron con la resolución de la jueza Promé en que los hechos que se imputaban a Lacaze debían subsumirse en el tipo penal de extorsión agravada, en tanto se encontraba suficientemente acreditado que el coimputado había  obligado a la víctima a entregarle dinero mediante una intimidación directamente relacionada con el abuso de su cargo público, y que  las consecuencias perjudiciales en las que apoyaba su exigencia ilegítima se vinculaban a las potestades que poseía por su función policial. En aquella oportunidad, los camaristas no hicieron lugar a la petición de la defensa y confirmaron la decisión de la justicia de Garantías respecto de los detenidos.

El pasado  26 de mayo, con todos los elementos de prueba recolectados, las grabaciones de las conversaciones, constancias del dinero entregado a Lacaze y el dinero hallado en poder de Doreste en el allanamiento que se realizó oportunamente en la Comisaría de Punta Alta, entre otros elementos probatorios, el Fiscal Mauricio Del Cero solicitó la elevación a juicio de la causa, la que fue concedida por la Jueza de Garantías Marisa Promé.