La investigación tuvo su origen en las denuncias recibidas por los diferentes damnificados, quienes  manifestaron que dos supuestas inmobiliarias ofrecían por redes sociales terrenos a bajo costo en la zona de Moreno, General Rodríguez y Pilar.

En virtud de lo expuesto, en una investigación de carácter proactivo, basada en los ejes de gestión destacados por la Procuración General, y lo dispuesto por la Fiscalía General en la Res. 6/21, el Ayudante Fiscal Walter Velásquez junto con el Fiscal Raúl Villalba trabajaron coordinadamente unificando las pesquisas con el fin de lograr desarticular la organización y poner fin al accionar delictivo.

De esa forma, luego de casi un año de trabajo, se logró dilucidar que esas inmobiliarias, vinculadas entre sí, y al menos seis personas, de las cuales una de ellas prestaría funciones en el Municipio de General Rodríguez en un sector estratégico para esta maniobra delictiva (en tierras y planeamiento), orquestaron y montaron publicidades en redes sociales para captar a sus víctimas.

Los damnificados serían unas 30 personas, quienes, convencidos de lo rentable, reconocida y aparentemente confiable operación comercial de compra de lotes, invirtieron sus ahorros y fueron estafados con documentación apócrifa, previamente confeccionada con sellos y timbrados bancarios falsos, con la intervención de dos escribanías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar donde concluían la operación con el supuesto titular del lote y su abogado (ambos miembros de esta organización delictiva).

Como resultado de las diligencias realizadas, se logró la detención de tres miembros de la banda, los que fueron indagados en orden a los delitos de estelionato y asociación ilícita. 

Además, se secuestró documentación apócrifa, sellos de los sindicados con aparentes cargos municipales, computadoras, discos de almacenamiento de datos y telefonía celular, los cuales son analizados para dar con la totalidad de los miembros de la organización delictiva investigada, como así también, detectar nuevas víctimas, y formalizar nuevos pedidos de allanamiento y detención.