El pasado jueves 5 de septiembre, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 7 Descentralizada de Zárate, a cargo de la Dra. Andrea Palacios, llevó a cabo cuatro allanamientos en la ciudad de Zárate como corolario de una exhaustiva investigación encabezada por la referida Agente Fiscal y los instructores judiciales Dra. Micaela Toniolli y Dr. Flavio Barraza, junto con las instructoras Dra. Victoria Lindblom y Dra. Rocío Hernández, además del cuerpo de peritos contables e informáticos de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos, dependiente de la Procuración General y a cargo del Dr. Juan Manuel García Blanco. Durante los allanamientos, se logró el secuestro de importantes sumas de dinero en dólares y pesos, teléfonos celulares, computadoras de escritorio y laptops, memorias, tarjetas y documentación de relevancia.

En el marco de la investigación IPP 18-02-001580/24, se secuestraron importantes sumas de dinero en dólares y pesos, así como teléfonos celulares, computadoras, memorias y documentación relevante para la causa.

La causa comenzó el 22 de marzo de este año tras una denuncia por estafa en la que están imputados tres hermanos mayores de edad. Las denuncias se multiplicaron rápidamente debido a la comunicación entre los damnificados que habían sufrido estafas similares.

De los hechos enunciados se desprende que los hermanos imputados, en épocas de auge de las criptomonedas y trading bursátil, entre mediados de 2021 y principios de 2022, captaban a diferentes personas con capital (indemnizaciones, ahorros, fondos de retiro) a quienes les aseguraban resultados frente a una inversión en dólares, prometiendo una rentabilidad mensual fija absurdamente elevada en relación con los intereses del mercado financiero. Inicialmente, los imputados cumplían sus obligaciones generando confianza en sus víctimas, pero luego cesaban el pago. En los allanamientos realizados se secuestraron, además, gran cantidad de contratos de mutuo suscritos entre los imputados y distintas personas, lo que podría incrementar considerablemente el número de víctimas.

Actualmente, los hermanos se encuentran imputados formalmente por el delito de estafa. Quedan pendientes las pericias por realizarse por la UIDE, que podrían acreditar el agravamiento delictual al comprobar que se trataba de una organización criminal.

El equipo de investigación, con el apoyo de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos (UIDE), continúa analizando las pruebas secuestradas para identificar más víctimas. Los imputados enfrentan cargos por estafa, y las pericias pendientes podrían agravar su situación legal al probarse que actuaban como una organización criminal.