El Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo Conte-Grand, solicitó ante el máximo tribunal del país la revisión de una decisión emitida por la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que el 9 de octubre de 2024 rechazó la queja de la Fiscal de Casación Penal.
De acuerdo a los antecedentes, el Juzgado de Garantías N.º 1 de San Martín sobreseyó a L. G. V. por prescripción en un caso de abuso sexual agravado. Esta decisión fue confirmada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal tras ser apelada por la fiscalía. Ante ello, el Fiscal General departamental presentó un recurso de casación alegando arbitrariedad y desinterpretación normativa.
Sin embargo, la Sala I del Tribunal de Casación Penal rechazó el recurso, negando legitimación al Ministerio Público Fiscal y descartando la existencia de gravedad institucional o de una cuestión federal. Luego, la Fiscal interina D'Gregorio presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, señalando el incumplimiento de tratados internacionales y la vulneración de la supremacía constitucional. El Tribunal de Casación Penal lo desestimó por falta de pruebas de relación directa con garantías constitucionales. La fiscal recurrió a la Suprema Corte bonaerense, que también rechazó el recurso, motivando el actual planteo ante instancias superiores.
La presentación del recurso extraordinario, basada en el artículo 14 de la Ley 48 y en los artículos 256 y 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuestiona la decisión de la Suprema Corte bonaerense de desestimar la queja de la Fiscalía, argumentando que se aparta de los lineamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y de los tratados internacionales en relación con la prescripción de la acción penal en casos de delitos contra la integridad sexual.
El Procurador General aduce que esta decisión ignora principios de supremacía constitucional y obligaciones internacionales asumidas por Argentina en virtud de tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), la Convención de los Derechos del Niño (CIDN), la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belem do Pará. Asimismo, se plantea la inconstitucionalidad del artículo 63 del Código Penal, que establece plazos de prescripción para este tipo de delitos.
El recurso solicita que la Corte Suprema de la Nación revoque la resolución de la Suprema Corte bonaerense y emita o instruya una nueva decisión que se ajuste a derecho. La notificación oficial de este recurso fue registrada el 10 de octubre de 2024 y el escrito fue presentado el 22 del mismo mes.
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