El Tribunal Oral en lo Criminal N.° 4 de Mar del Plata dictó sentencia condenatoria en un juicio abreviado por robo agravado, relacionado con una serie de hechos delictivos ocurridos durante 2023. Las investigaciones revelaron que la organización criminal utilizaba redes sociales para seleccionar a sus víctimas y coordinar robos violentos, incluso desde el interior del complejo penitenciario de Batán.

La causa, registrada bajo varios números de IPP, incluyó inspecciones oculares, análisis de cámaras de seguridad, e intervenciones telefónicas que permitieron identificar a los responsables y su modus operandi. Se confirmó que las operaciones eran dirigidas desde el complejo penitenciario de Batán, donde un detenido lideraba las actividades, mientras que su pareja desempeñaba un rol clave en las estafas y robos.

El Tribunal consolidó el acuerdo de juicio abreviado y estableció la responsabilidad penal de los involucrados. En la investigación, el fiscal y su equipo, junto a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI), avanzaron interrogando a una de las víctimas sobre sus vínculos reales y virtuales. Esta persona admitió haber interactuado con una mujer mediante Facebook y en persona, así como con otro sujeto con quien luego se produjo el robo. Estas pistas permitieron localizar y recuperar bienes sustraídos, incluidos una camioneta y una computadora que contenía grabaciones de las cámaras de seguridad del domicilio.

El análisis de comunicaciones vinculó a la mujer con una de las líneas telefónicas investigadas, lo que facilitó su localización y la de su hija, identificada como cómplice. Ambas fueron detenidas tras operativos con órdenes de allanamiento. La investigación también apuntó a un preso como líder de la banda. En su celda se incautaron tres teléfonos, mientras que en una vivienda de Camusso al 200 fueron arrestados otros cuatro hombres, tres de ellos por tenencia ilegal de arma de fuego.

Los detenidos fueron imputados por “privación ilegítima de la libertad agravada en concurso real con robo triplemente agravado” y se confirmó la prisión preventiva. Además, se investiga si el grupo está vinculado a hechos similares, incluyendo un caso en General Pirán.

La sentencia establece calificaciones legales y penas para los acusados, que van desde los 2 a los 10 años de prisión. Los delitos más graves, como la privación ilegítima de la libertad y el robo agravado, recibieron las penas más altas. En los casos de condenas condicionales, se fijaron reglas de conducta como fijar domicilio y someterse a supervisión del Patronato de Liberados.

Asimismo, la sentencia incorpora el concepto de pena única para reincidentes, unificando condenas previas con las actuales. Este criterio refuerza la gravedad de los delitos y del historial delictivo de algunos de los imputados, reflejando un enfoque punitivo ajustado a la normativa vigente.