Este jueves 19 de diciembre del 2024, se realizó un gran operativo en el marco de investigaciones sobre un caso de estafas a gran escala, conocida públicamente como “Rainbowex”, un clásico Esquema Ponzi, pero con la particularidad que el dinero se manejaba en supuestos criptoactivos.

En el operativo conjunto se realizaron 22 allanamientos simultáneos en las localidades de San Pedro y Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en los que se identificaron a más de 20 personas, de las cuales 6 resultaron detenidas, además de solicitarse dos detenciones internacionales para la emisión de Alerta Roja INTERPOL para ciudadanos de Malasia.

Se logró el congelamiento e incautación de todas las “Wallets” de criptomonedas y las cuentas bancarias de los imputados, por un total aproximado de 3.500.000 USDT – equivalente a dólares norteamericanos. El entramado de alcance internacional permitió por primera vez desde Argentina, solicitar el congelamiento de los USDT directamente a la empresa Tether, que maneja todo el ecosistema de estas criptomonedas en las que transaccionaban los delincuentes. Además de la generación de billeteras descentralizadas, bajo el control de los Agentes Fiscales intervinientes para el resguardo judicial de los criptoactivos incautados. 

Además se logró el secuestro de dinero en efectivo entre Pesos, Dólares norteamericanos, Euros y Yuanes, computadoras, teléfonos celulares, tarjetas de memoria, pendrives y armas de fuego.

Tanto la investigación, como el operativo, se llevaron adelante con la asistencia del del equipo de investigadores de Criptoactivos del Departamento de Ciberdelitos y Tecnologías Aplicadas de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, dirigido por la Dra. Gisela Burcatt, dependiente de la Secretaria de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal, a cargo del Dr. Francisco Pont Verges. La dirección operativa estuvo a cargo del coordinador del equipo de investigadores de criptoactivos, Dr. Rafael García Borda, con la especial asistencia de la Dra. María Celeste Seguí, Sabrina Lamperti y los peritos Dr. Sergio Carriquiriborde y Horacio Martino. Asimismo participaron el cuerpo de Instructores Judiciales, el equipo de contadores y la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Judicial de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires.

Se realizó en conjunto con el Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina, la Superintendencia de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, la Oficina Central Nacional de INTERPOL y DINIC del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Asimismo, fue destacada la colaboración prestada por la Exchange local Lemon, por las empresas de software de seguimiento de Criptomonedas, Chinalisys y Qlue de Blockchain Intelligence Group, que pusieron a disposición tanto la información contenida en sus bases de datos, como especialistas de sus áreas para asistir en el análisis de la información. 

Rainbowex se presentó como una plataforma de intercambio de criptoactivos que prometía ganancias diarias inusualmente altas. Para operar en la plataforma, los usuarios necesitaban una invitación y debían pasar un proceso de verificación. Una vez registrados, se unían a un grupo de Telegram donde recibían señales de inversión en formato de flyer, indicando qué criptomoneda comprar, a qué precio y cuándo venderla. Sin embargo, la plataforma operaba como un sistema cerrado, simulando flujos monetarios sin conexiones reales a cadenas de bloques públicas.

La maniobra fraudulenta consistía en que los administradores manipulaban los saldos y ganancias visibles para los usuarios, usando criptomonedas inexistentes y de baja capitalización para hacer creíble la manipulación de precios. Los usuarios debían enviar dinero a direcciones de activos virtuales controladas por los delincuentes y enfrentaban problemas para retirar sus fondos, supuestamente por problemas técnicos.     

Se determinó que Rainbowex era una estafa piramidal, utilizando los fondos de nuevos inversores para pagar a los antiguos, creando una ilusión de ganancias legítimas. Se recomienda precaución y una mayor investigación para proteger a posibles víctimas.