Los procedimientos se originaron a partir de una denuncia presentada por el Municipio de General Rodríguez, en la que se advertía sobre actividades vinculadas al tráfico de estupefacientes en diferentes domicilios.
La Fiscalía, conforme al plan de acción dispuesto por la Fiscalía General Departamental para mejorar la respuesta institucional ante esta problemática, impulsó diversas medidas investigativas que permitieron geolocalizar con precisión los puntos de venta y distribución de droga.

En uno de los inmuebles allanados se logró secuestrar más de 10 kilogramos de marihuana en cogollos y “ladrillos”, junto a 500 gramos de cocaína en envoltorios, una suma considerable de dinero en efectivo, cinco armas de fuego (una de ellas con mira telescópica), balanzas de precisión y otros elementos típicamente utilizados para el fraccionamiento y comercialización del material prohibido. Además, fueron aprehendidas dos personas mayores de edad, quienes prestaron declaración indagatoria en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal.

El Ministerio Público Fiscal imputó los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada, por haberse cometido mediante la organización de tres o más personas (conforme el artículo 5 inciso “c” de la Ley n.° 23.737 en función del artículo 11 inciso “c” de la misma norma), y tenencia ilegal de armas de fuego de uso civil condicional (Ley n.° 25.886 y Ley n.° 20.429).

En el marco del procedimiento, también se ordenó la detención del principal proveedor de sustancias ilícitas, actualmente prófugo, y cuya ubicación ha sido individualizada a partir del análisis de la información recabada.

La Fiscalía General destacó, además, que este tipo de operativos se inscriben en una estrategia más amplia y coordinada, conforme a la Resolución n.° 24/24, que establece mecanismos interinstitucionales para fortalecer el abordaje integral del narcotráfico. En esta línea, se promueve el trabajo conjunto con las demás fiscalías temáticas, el intercambio constante de información con el fuero federal (UFECO y PROCUNAR), y se exhorta a los municipios y al Ministerio de Seguridad a adoptar medidas que impidan la reutilización de los inmuebles involucrados para fines ilícitos.