El 2 de febrero de 2025, en horas de la madrugada, se llevaron a cabo los allanamientos de dos "Bunkers" en la localidad de Trujui, con intervención de la UFI N.º 4 a cargo del Dr. Federico Soñora y personal de la DDI de Moreno General Rodríguez.

La investigación fue iniciada el 31 de enero pasado por un doble homicidio que fue cometido en la localidad de Trujui, aparentemente en busca del dominio territorial nen la comercialización de drogas.

Tras la pertinente investigación del equipo de trabajo de la UFI N.° 4, se determinó que los presuntos implicados eran una pareja y el hermano de la mujer, quienes estaban a cargo de la venta de drogas en dos "Bunkers" cercanos entre sí, quienes además habrían llevado adelante los homicidios por el control territorial.

En esta convicción, se solicitaron los allanamientos al Juzgado de Garantías respectivo y una vez autorizados se llevó a cabo el operativo en el que se detuvo a los presuntos autores de los homicidios y encargados de la venta de los estupefacientes en el lugar. A su vez, se incautó el rodado utilizado para cometer el hecho, así como varios envoltorios con cocaína preparados para la comercialización y 9 aparatos de telefonía celular.

Finalmente, se les recibirá declaración a tenor del art. 308 del C.P.P. en orden a los delitos de doble homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, y por el empleo de arma de fuego y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En el marco de las múltiples acciones coordinadas que se vienen implementando a nivel departamental para afrontar esta problemática que, como en este caso, suele conectarse a otros delitos que atentan contra la vida e integridad física de los vecinos, el pasado 30 de julio de 2024, la Fiscalía de Cámaras dictó la resolución 24/24 a fin que el resto de las Fiscalías trabajen en forma coordinada con la UFI N.° 12, especializada em cualquier hecho que se vincule al tráfico de droga, se continué el intercambio de información con la Justicia Federal (UFECO y PROCUNAR) y, en su caso se solicite al Ministerio de Seguridad y a los Municipios locales que arbitren los medios necesarios para evitar que los inmuebles registrados sean nuevamente ocupados y utilizados para la venta de droga.