Marzo 13, 2019
Toda vez que el delicado estado de salud que presenta un menor damnificado por una mala praxis médica, no toleraba demoras en orden a la cobertura de sus necesidades, el Ministerio Público provincial requirió a la Suprema Corte que en ejercicio de la competencia positiva que le asigna el art. 289 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, confirmara íntegramente la sentencia dictada en primera instancia.
La Procuración General consideró que el recurrente de la sentencia de la Cámara había logrado demostrar el vicio de absurdo alegado respecto de la falta de responsabilidad del anestesista; ello en tanto la línea de razonamiento del fallo de segunda instancia cuestionado no se compadecía con el desarrollo argumental que el informe pericial exhibía, considerado en su integralidad, recogido en cambio por la sentencia de primera instancia condenatoria del citado profesional, de la clínica y de la aseguradora citada en garantía.
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