Con fecha 17/12/18, a raíz de una denuncia penal realizada en sede fiscal de Moreno Rodríguez, se pusieron al descubierto presuntas maniobras extorsivas por parte de referentes de la “ORGANIZACIÓN SOCIAL OCTUBRES” en el partido de Moreno. Todo ello dio lugar a una investigación que incluyó declaraciones testimoniales y escuchas telefónicas, a partir de las cuales se logró establecer que las 4 personas investigadas conformarían una asociación ilícita destinada a la recaudación de dinero a través de beneficiarios del “PROGRAMA SALARIO SOCIAL COMPLEMENTARIO”, otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, al exigirles una suma de $ 300 (pesos trescientos) como aporte mensual para obtener y mantener la percepción del plan correspondiente.
Asimismo, los beneficiarios del plan habrían sido obligados a concurrir a diferentes actos políticos y movilizaciones y, en caso de no asistir, habrían debido abonar distintas sumas de dinero por cada “INASISTENCIA” o “AUSENCIA”, a saber: $100 por inasistencia a merendero y/o actividades requeridas y $300 por inasistencias a movilizaciones; todo ello bajo amenaza de dejar sin efecto el plan respectivo.
El resultado de las pesquisas permitió obtener del Juzgado de Garantías N° 1 del departamento Judicial de Moreno las órdenes de allanamiento que se ejecutaron el día 9 de abril del corriente, en los domicilios, merenderos y otros lugares, a resultas de lo cual se detuvo a los 4 sospechosos.
La fiscal interviniente, a cargo de la UFI 8 de Moreno, Dra. Gabriela Urrutia, atribuyó a unos de los implicados el rol de jefe y organizador de la banda, y a los restantes participación necesaria en los eventos investigados. Asimismo, se logró el secuestro de varios objetos y documentación que respalda la comisión de los hechos.
Con fecha 17/12/18, a raíz de una denuncia penal realizada en sede fiscal de Moreno Rodríguez, se pusieron al descubierto presuntas maniobras extorsivas por parte de referentes de la “ORGANIZACIÓN SOCIAL OCTUBRES” en el partido de Moreno. Todo ello dio lugar a una investigación que incluyó declaraciones testimoniales y escuchas telefónicas, a partir de las cuales se logró establecer que las 4 personas investigadas conformarían una asociación ilícita destinada a la recaudación de dinero a través de beneficiarios del “PROGRAMA SALARIO SOCIAL COMPLEMENTARIO”, otorgado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, al exigirles una suma de $ 300 (pesos trescientos) como aporte mensual para obtener y mantener la percepción del plan correspondiente.
Asimismo, los beneficiarios del plan habrían sido obligados a concurrir a diferentes actos políticos y movilizaciones y, en caso de no asistir, habrían debido abonar distintas sumas de dinero por cada “INASISTENCIA” o “AUSENCIA”, a saber: $100 por inasistencia a merendero y/o actividades requeridas y $300 por inasistencias a movilizaciones; todo ello bajo amenaza de dejar sin efecto el plan respectivo.
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CIJur - Centro de Información Jurídica del MPBA
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