El pasado 29 de abril de 2019, el Tribunal en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, con la intervención de la Sra. Agente Fiscal, Dra. María Virginia Toso, condenó a una persona a la pena de 18 años de prisión, 10 años de inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogado, accesorias legales y costas por haber sido hallado responsable de los delitos de lesiones graves -8 hechos- en carácter de coautor, estafa procesal -5 hechos en carácter de coautor- y asociación ilícita en carácter de jefe (arts. 45, 55, 90, 172 y 210 del C.P) y a otra persona a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y costas del proceso, por ser hallado responsable de la comisión de los delitos de lesiones graves -8 hechos- en carácter de coautor, estafa procesal -5 hechos en carácter de coautor- y asociación ilícita en carácter de miembro (arts. 45, 55, 90, 172 y 210 del C.P).

En el debate oral se probó que los imputados, junto con otros sujetos masculinos a la fecha no individualizados, formaron parte de una organización delictiva dedicada a la comisión de hechos ilícitos cuyo objetivo era el de simular accidentes de tránsito para luego obtener beneficios indemnizatorios de las compañías aseguradoras a través de acciones civiles por daños y perjuicios. En el seno de la organización, los imputados poseían una división de roles y tareas que iniciaba captando a personas económicamente vulnerables a quienes les proponían participar del negocio ilícito mencionado. El rol principal lo cumplía el jefe de la asociación ilícita, de profesión abogado, quien dirigía a los demás miembros de la organización asignándoles sus roles, siendo además el titular del estudio jurídico encargado de llevar adelante los reclamos patrimoniales.

Para el logro de estos objetivos los imputados -como miembros de la asociación ilícita- ubicaban y trasladaban a las víctimas -en una camioneta tipo furgón que a simple vista aparentaba ser una ambulancia- a domicilios donde, utilizando herramientas de hierro de grandes dimensiones, procedían a golpearlas con extrema violencia hasta romper sus extremidades. Como consecuencia de tales conductas, los lesionados padecieron importantes fracturas verificándose en algunos casos largos períodos de internación, intervenciones quirúrgicas, aplicación de clavos quirúrgicos en sus huesos y secuelas irreversibles. Luego, los imputados les imponían a los lesionados la firma de un poder general judicial a favor del jefe de la asociación para iniciar así los reclamos ante las compañías de seguros y dar comienzo a los expedientes civiles por daños y perjuicios, por montos que oscilaron entre 600.000 pesos y 1.700.000 mientras que a los lesionados les prometían la entrega de sumas de dinero absolutamente irrisorias.


Según se acreditó en juicio, luego los convocaban al estudio jurídico y direccionaban la declaración que posteriormente debían brindar tanto en sede judicial como en las compañías de seguro a la vez que procuraban la declaración de falsos testigos de los accidentes, de la totalidad de los certificados médicos, como cualquier otra prueba necesaria para el sustento de la pretensión civil.