La Fiscalía interviniente, a cargo del Dr. Rodolfo Rafael De Lucía, sostuvo la acusación con base en reportes del National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), trazabilidad técnica del envío de archivos a través de la red social Facebook (dirección IP y cuentas asociadas) y el análisis de dispositivos electrónicos secuestrados, así como una pericia pediátrica que determinó la minoría de edad de las víctimas. 

Personal de Cibercrimen Región interior Sur realizó las tareas de investigación encomendadas por la fiscalía para llegar hasta el acusado, quien fue detenido en octubre de 2024 por efectivos de la DDI de Punta Alta. Ese caudal probatorio permitió acreditar la materialidad y la autoría, encuadrando los hechos en los arts. 55 y 128, párrs. 1° y 5°, del Código Penal.

En la audiencia prevista por el art. 398 del Código Procesal Penal, la defensa consintió la calificación legal y la pena solicitada por la Fiscalía (arts. 397–399 CPP), verificación que el Tribunal realizó con control de legalidad y de voluntariedad del acuerdo. Como agravante, la acusación destacó la multiplicidad de destinatarios a los que se remitió el material ilícito; como atenuante, la falta de antecedentes penales.

Además de la pena privativa de libertad, el fallo dispuso la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, la privación de la patria potestad mientras dure la pena, y la imposición de costas.