La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada ante la sede de la Ayudantía Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas de La Matanza en Diciembre del año 2018 por una de las víctimas. En dicha oportunidad, la denunciante refirió que las personas que se encuentran a cargo de la organización “Templo Filadelfia de San Justo” se dedican a captar personas y convencerlas, “mediante ardides relacionados con la fe”, de que vendan sus propiedades, entreguen el dinero de aquella venta y vayan a vivir a los domicilios de la institución dentro de la provincia de Buenos Aires así como también en otras provincias.

Agregó que una vez allí las víctimas debían trabajar aproximadamente desde los once años durante 12 horas diarias, produciendo en fábricas panificadoras y vendiendo dichos alimentos en distintos lugares de la vía pública sin recibir remuneración alguna a cambio. Señaló, asimismo, que las condiciones en las que vivían son paupérrimas, al encontrarse en completo hacinamiento, durmiendo hasta cuatro personas en una misma cama. Para el supuesto de que las víctimas se negaran a realizar esas tareas o se alzaran contra el régimen de comportamiento establecido, advirtió, se aplicaba un sistema de castigos diseñado para asegurar el sometimiento, tales como insultos frente a la comunidad, maltratos físicos y aislamiento en campos desprovistos de alimentos, encontrándose por fuera del alcance de las autoridades y sin contacto con el resto de sus familiares y con la sociedad civil.

Según el testimonio, cada una de las personas que conforman la organización posee un rol dentro de ella encuadrado en una estructura jerárquica que debe ser respetada por todos. El ingreso y egreso de las locaciones era controlado, no contando las víctimas con permiso para poder salir en muchas oportunidades. También se imponía la desescolarización de los menores, se retenía su documentación, se fomentaba la endogamia entre las mismas víctimas y se privaba del ejercicio del derecho al voto, entre otras restricciones.  

A partir de la denuncia, se recibió declaración testimonial de distintas víctimas, todas las cuales coincidieron con la inicial. En tal virtud se ordenaron diversas medidas de prueba como tareas de inteligencia e intervenciones telefónicas, pudiendo constatarse las maniobras realizadas, la gran cantidad de personas involucradas, el grado de complejidad de la organización, el sistema jerárquico vigente y la existencia de distintos inmuebles, entre los cuales algunos eran templos de captación y otros lugares de acogida así como campos de castigo.Hasta el momento se han individualizado once inmuebles dentro de la provincia de Buenos Aires.  

El 17 de mayo del corriente, ante el pedido de la Ayudantía Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas La Matanza, a cargo del Dr. Marcos Jesús Borghi, la Sra. Juez de garantías interviniente libró un total de 31 órdenes de detención, de las que se efectivizaron 20, y a su vez el Sr. Fiscal dispuso 3 aprehensiones por hechos similares a los investigados.

En este marco, se secuestraron 15 automóviles, en su mayoría camionetas, alrededor de U$S 40.000 (dólares estadounidenses) y mas de $ 1.000.000 (pesos argentinos). Asimismo, se ordenó la clausura de dos panificadoras.

A lo largo de la investigación, el Centro de Asistencia a la Víctima del Departamento Judicial La Matanza y la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación realizaron informes de intervención psicológica de las víctimas, los que dieron cuenta del trauma que habrían padecido y de los sentimientos de culpa, temor, vergüenza que aún padecen, así como también de estrés post traumático, valorando su situación como de “altísimo riesgo”.