Las partes de un contrato administrativo pueden recurrir al juez contencioso cuestionando la validez del contrato que las une. Corresponde al juez, si constata la existencia de irregularidades, apreciar su importancia y consecuencias, en el marco del principio de lealtad (buena fe) de las relaciones contractuales.

Incumbe al magistrado, después de tomar en consideración la naturaleza de la ilegalidad cometida, y teniendo en cuenta el objetivo de estabilidad de las relaciones contractuales, decidir que la continuidad del contrato es posible, eventualmente bajo reserva de medidas de regularización tomadas por la persona pública o convenidas entre las partes; o en su caso, después de verificar que su decisión no implicará un perjuicio excesivo al interés general, decidir la rescisión del contrato; o en razón solamente de una irregularidad invocada por una parte o relevada de oficio por el magistrado, vinculada con el carácter ilícito del contenido del contrato o un vicio de una particular gravedad relativo a las condiciones en las que las partes han dado su consentimiento, disponer su anulación.

Esta acción está expedita  a las partes durante toda la ejecución del contrato.  Comete un error de derecho, la corte administrativa de apelaciones que rechaza la demanda  presentada por una parte de un contrato administrativo, cuestionando la validez de este, sobre la base de que esta acción presentada durante la ejecución de un contrato administrativo estaba prescripta por aplicación de la prescripción quinquenal prevista por el art. 2224 del código civil, toda vez que esta prescripción no resulta aplicable a la acción de cuestionamiento de la validez del contrato administrativo.

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(por traducción, consultar en cijur@mpba.gov.ar)