El Procurador General aconsejó que se hiciera lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido por la entidad accionante y que se dejara sin efecto la imposición de costas dispuesta respecto de la asociación vencida en mérito a lo normado al respecto por el art. 55 de la Ley N.º 24.240. 

Recordó, en tal sentido, que el beneficio de justicia gratuita es conferido de un modo automático por la ley y configura una presunción iuris tantum a favor del consumidor en cuanto a que carece de los recursos necesarios para hacer frente al pleito; por tal motivo, aclaró, esta presunción, puede ser desvirtuada  mediante la tramitación de un incidente de solvencia. Pero, concluyó, cuando son las asociaciones de consumidores las que promueven acciones de incidencia colectiva, dicha presunción es iuris et de iure. 

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