En el caso, el actor promovió demanda contencioso administrativa contra el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, en pos de que le fuera reconocido su derecho al cambio de escalafón como Subalcalde (escalafón profesional), con más las diferencias salariales e intereses desde la fecha en que consideraba que le correspondía el reescalafonamiento perseguido, con el resarcimiento por los daños y perjuicios derivados de esa postergación.
Sustentó su pretensión en la circunstancia de que venía cumpliendo funciones de periodista, acordes con su título habilitante. Relató que, luego de la propuesta emitida por el Jefe del Servicio y de varios dictámenes a favor de su reescalafonamiento, fue rechazada su solicitud en violación del sistema previsto por los artículos 14 del Decreto Ley N.º 9578/80, 29 y 30 del Decreto reglamentario N.º 342/81 y por la Resolución N.º 693/98.
La Fiscalía de Estado, en la intervención que le cupo, opuso la excepción de inadmisibilidad de la pretensión, y se pronunció por el rechazo de la acción intentada por el actor. Advirtió en tal sentido, que para acceder al reescalafonamiento resultaba menester no solo ostentar el título profesional y ser propuesto por el superior jerárquico, sino que también debía constatarse la existencia de vacante en el escalafón, la necesidad del servicio que justificara la modificación y el desempeño de tareas acordes a la tecnicatura en la que se funda la solicitud. Asimismo remarcó que el escalafón profesional se encuentra reservado para quienes poseen título universitario.
Desestimada la acción en primera instancia, la Cámara en el marco de la intervención que le cupo a raíz del recurso de apelación interpuesto, confirmó la sentencia impugnada.
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