Por resolución cautelar de fecha 8/04/20, el Tribunal de Trabajo N.° 4 del Departamento Judicial de Quilmes ordenó a la Municipalidad de Quilmes que, dentro del plazo de 48 horas de notificada, garantizara el estricto cumplimiento de la entrega de los Equipos y/o Elementos de Protección Personal y de Seguridad e Higiene recomendados por el Ministerio de Salud de la Nación, en el marco de la contingencia de COVID-19.
Ello, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de imponerle astreintes, que deberían hacerse efectivas con relación a la amparista Marcela Fabiana Weis, como así también, respecto de los trabajadores dependientes de la Municipalidad de Quilmes que prestaban servicio efectivo, y que se encontraban afectados a la contingencia sanitaria COVID-19, en el mismo lugar de funciones de la actora, esto es, en la Unidad Sanitaria "Los Eucaliptus" ubicada en la calle 898 y 864 de San Francisco Solano.
Asimismo, inscribió provisoriamente la causa en el Registro Público de Procesos de Incidencia Colectiva (art. 5, Anexo l, Acordada N.º 3660).
La Cámara confirmó la resolución dictada por el tribunal de grado y rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Quilmes, con el alcance allí explicitado en cuanto al cumplimiento de los protocolos vigentes (arts. 75, incs. 22, 23 y concs., Const. Nac.; 11, 20, inc. 2, y 36, Const. Prov.; 5, 9, 16, inc. 2, 17, 17 bis, 25 y concs., Ley N.º 13.928 conf.- texto según Ley N.º 14.192). Asimismo, desestimó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y confirmó la decisión de grado del 18/05/20, en cuanto había sido materia de agravios (arts. 1, 7, 16, 25 y concs., Ley N.º 13.928, texto según Ley N.º 14.192 y modificatorias; art. 363 y concordantes del CPCC).
Para así decidir, el tribunal consideró especialmente la mayor situación de exposición en que se encontraba el personal sanitario frente a un posible contagio de COVID-19; en este contexto, recordó que el derecho a la salud y a la tutela de la integridad psicofísica de la persona que trabaja, está reconocida y tutelada por diversas normas constitucionales e instrumentos internacionales que cuentan con idéntica jerarquía.
En este sentido, enfatizó que el derecho a la salud se encontraba comprendido en el derecho a la vida y que cabía destacar la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar este derecho con acciones positivas. Tales circunstancias, estimó, tornaban pertinente el mantenimiento de la adopción de medidas de tinte preventivas, que, con carácter urgente, habían sido ordenadas en salvaguarda de la integridad de la actora y del equipo de salud que se desempeñaba en la Unidad Sanitaria “Los Eucaliptus”.
Respecto de la existencia de una causa fáctica común que provocaría la lesión de todos los derechos individuales homogéneos invocados en los actuados, estimó, tal como lo había expuesto el tribunal de grado, que no se encontraba en esa etapa embrionaria, acreditada en autos. Entendió así que la amparista no había logrado demostrar que la lesión o afectación que denunciaba tuviera un origen común e irradiara a todo el colectivo que pretendía representar.
Otras noticias destacadas
