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Diciembre 03, 2020

Medida cautelar. Resolución administrativa. Requisitos esenciales del acto administrativo. Traslado. Derecho de defensa. Derecho de legitimidad. Debido proceso

Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, Expte. N.º 25801-E, “Lasca Pamela Mariana c/ Ministerio de Seguridad s/ pretensión anulatoria -EML PUBLICO-"Legajo de apelación”, 3 de septiembre de 2020

La jueza de grado rechazó la medida cautelar solicitada en el marco de una pretensión anulatoria por la que se requería la suspensión de los efectos de la Resolución N.° 640/18 del Ministerio de Seguridad y que, consecuentemente, se aplicara la Resolución N.° 681/15 reincorporando a la Sra. Lasca Pamela Mariana en el cargo y reestableciendo la Obra Social (IOMA) y los haberes, hasta tanto se dictara la sentencia definitiva. Para así decidir, la a quo entendió que no se encontraban acreditados los presupuestos que tornaban procedente a la misma.

 

Contra tal pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso de apelación, en el que se agravió, entre otras cosas, que la a quo no había resuelto cuestiones esenciales del fallo, en especial, si la administración podía dejar sin efecto los actos administrativos notificados al administrados, formalmente perfectos. También cuestionó el criterio adoptado por la jueza ante la supuesta falta de peligro en la demora, pues el grupo familiar de la Sra. Lasca, integrado por tres menores de edad, había quedado sin cobertura social asistencial, lo cual violaba el interés superior del niño.

 

Observó la actora que la Resolución N.° 604/18 al dejar sin efecto la Resolución N.° 681/15, que reincorporaba a la actora a su situación de revista, había  sido emitida sin audiencia de parte interesada. 

 

El tribunal recordó que la regla del debido proceso implica no sólo la intervención del interesado sino una decisión fundada que haga mérito de sus alegaciones; en tal sentido, consideró que ese requisito no había sido observado en los actuados en tanto la administración había dispuesto  la baja de la agente, con la vulneración de la garantía del debido proceso (conf. art. 18, Const. Nac. y arts. 11 y 15, Const. Prov.). 

 

De consiguiente, resolvió hacer lugar al recurso articulado y otorgar la medida cautelar oportunamente solicitada y ordenó la suspensión de la Resolución N.° 604/18, previa caución juratoria, hasta tanto se dictara el pronunciamiento de fondo, con costas a la demandada vencida (arts. 22, 55 inc. 2°, ap. b, 56 inc. 1° -segunda parte-, 58 inc. 1° y 2°, 59 inc. 3° y concs., CCA).

 

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Cámara Civil Y Comercial Federal Sala III, Expte n.° 19596/2022, “T.G. c/OSDE s/ amparo de salud”, 15 de mayo de 2025.
Recurso extraordinario. Inaplicabilidad de ley. Daños y perjuicios. Compraventa. Automotor. Desperfecto de fabricación. Garantía. Art. 17 de la Ley n.° 24240. Derechos del consumidor. Recurso insuficiente. Absurdo no demostrado. Precedente "Capaccioni". Inaplicabilidad.
Dictamen del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Expte C-128286-1, "Dietrich Sergio Reinaldo c/ FCA Automobiles Argentina SA y otro/a s/ Daños y Perj. Incump. Contractual (Exc. Estado)", 28 de mayo de 2025
Dos hombres aprehendidos tras allanamientos por amenazas agravadas en Dock Sud
Los procedimientos se realizaron en el marco de una investigación por un hecho ocurrido en marzo, cuando un joven denunció haber sido amenazado con un arma de fuego por un conocido del barrio.
Desmantelan red de estafas virtuales operada desde una cárcel bonaerense
Una red de estafas virtuales que operaba desde una cárcel fue desmantelada en Quilmes tras una investigación que logró identificar al líder del esquema, un recluso condenado por tentativa de homicidio.
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La jueza de grado rechazó la medida cautelar solicitada en el marco de una pretensión anulatoria por la que se requería la suspensión de los efectos de la Resolución N.° 640/18 del Ministerio de Seguridad y que, consecuentemente, se aplicara la Resolución N.° 681/15 reincorporando a la Sra. Lasca Pamela Mariana en el cargo y reestableciendo la Obra Social (IOMA) y los haberes, hasta tanto se dictara la sentencia definitiva. Para así decidir, la a quo entendió que no se encontraban acreditados los presupuestos que tornaban procedente a la misma.

 

Contra tal pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso de apelación, en el que se agravió, entre otras cosas, que la a quo no había resuelto cuestiones esenciales del fallo, en especial, si la administración podía dejar sin efecto los actos administrativos notificados al administrados, formalmente perfectos. También cuestionó el criterio adoptado por la jueza ante la supuesta falta de peligro en la demora, pues el grupo familiar de la Sra. Lasca, integrado por tres menores de edad, había quedado sin cobertura social asistencial, lo cual violaba el interés superior del niño.

 

Observó la actora que la Resolución N.° 604/18 al dejar sin efecto la Resolución N.° 681/15, que reincorporaba a la actora a su situación de revista, había  sido emitida sin audiencia de parte interesada. 

 

El tribunal recordó que la regla del debido proceso implica no sólo la intervención del interesado sino una decisión fundada que haga mérito de sus alegaciones; en tal sentido, consideró que ese requisito no había sido observado en los actuados en tanto la administración había dispuesto  la baja de la agente, con la vulneración de la garantía del debido proceso (conf. art. 18, Const. Nac. y arts. 11 y 15, Const. Prov.). 

 

De consiguiente, resolvió hacer lugar al recurso articulado y otorgar la medida cautelar oportunamente solicitada y ordenó la suspensión de la Resolución N.° 604/18, previa caución juratoria, hasta tanto se dictara el pronunciamiento de fondo, con costas a la demandada vencida (arts. 22, 55 inc. 2°, ap. b, 56 inc. 1° -segunda parte-, 58 inc. 1° y 2°, 59 inc. 3° y concs., CCA).

 

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