La instrucción de la causa fue llevada a cabo por el Fiscal de Juicio, Dr. Ariel Speranza Rossi y por la Agente Fiscal Dra. Alejandra Núñez, ambos de la  Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N. ° 8 de La Matanza.

El hecho investigado tuvo lugar en la madrugada del día 30 de abril del año 2018, cuando cuatro hombres fuertemente armados ingresaron a la Comisaría Distrital Noroeste Primera de la ciudad de San Justo, donde desplegaron un plan para rescatar a un  detenido, Leandro David Aranda, de uno de los cuatro calabozos de la seccional, que esa madrugada contaba con un total de 43 detenidos.

Con por lo menos dos armas de fuego y vestimenta similar a la de las fuerzas de seguridad, algunos se quedaron afuera resguardando la zona y otros ingresaron a la seccional, dirigiéndose a la oficina de guardia en la que se encontraban prestando funciones cuatro integrantes de la Policía Bonaerense, a quienes les dispararon, con el propósito de causarles la muerte. Los cuatro policías atacados fueron los oficiales subinspectores Diego Méndez, Javier Pérez, Adrián Barreto y la sargento Alejandra Rocío Villarreal. Esta fue alcanzada por al menos dos disparos, los que le provocaron lesiones "gravísimas" y la dejaron parapléjica en forma "permanente y definitiva".

Finalmente, los efectivos policiales detuvieron el ataque de los delincuentes, respondiendo a los disparos. La reacción de los policías, que lograron repeler con sus armas la agresión, hizo que la banda abortara el golpe y huyera del lugar sin poder llegar al sector de los calabozos.

Según aseguró el fiscal, el plan para ingresar al establecimiento policial había sido desarrollado en días previos por un grupo integrado por varios hombres y dos mujeres, una de ellas la esposa del preso. La segunda implicada sería la letrada Tortosa, a quien se la acusó de haber aprovechado una de sus visitas a la comisaría para entregarle a Aranda el teléfono con el que, unos días antes y desde el calabozo, se contactó con la banda. Al declarar en el debate, el detenido Aranda confesó haber ideado el plan para que lo rescataran, negó que la idea fuera entrar a matar policías e intentó desvincular a su pareja.

El fiscal agregó frente al tribunal oral, que los imputados Daniel Rodríguez y Tomás Villamil (había un noveno imputado que se suicidó en el penal de San Nicolás mientras estaba preso por esta causa), fueron quienes entraron primero a la oficina de los policías “arma en mano y efectuando disparos”. Detalló además que Sebastián Rodríguez y Sosa fueron los otros dos integrantes de la banda que también ingresaron a la seccional con una pinza corta candados, pero se vieron obligados a huir al empezar los disparos; y que D’Angelo, a quien apodaban “Schumi” por sus habilidades como conductor, era quien esperaba afuera como chofer en un auto Volkswagen Fox, mientras el imputado Bustamante lo hacía en otro vehículo.

En su alegato, el fiscal manifestó la existencia de un hecho de “gravedad institucional”, que contó con una “planificación” y una “división de roles y tareas”, en el cual el principal acusado era Aranda, quien se encontraba preso desde el año 2017 por un crimen del tipo narco, ocurrido  en una villa de La Matanza, por el cual se lo había condenado a 10 años de prisión, y de quien se decía que “tenía problemas afuera” y que debía salir de la comisaría para  resolver unos temas, porque “había mejicaneado a un narco de la villa 1-11-14” de la Capital Federal. Es por ello que, según la imputación, planteó su propia evasión junto a su esposa Bustamante, quien, según sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal, fue a rescatar a su marido con un bebé de pocos meses.

El juicio se inició de manera semipresencial el 26 de marzo de 2021, con los jueces, abogados y testigos en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza y  los imputados siguieron el proceso por la plataforma Teams, desde sus unidades carcelarias. 

Los alegatos se realizaron en abril, en la sede de la Jefatura Departamental La Matanza de la policía bonaerense, donde los ocho imputados fueron trasladados con un fuerte dispositivo de seguridad.

Apelando al máximo que el Código Penal permite por sumatoria de penas, el fiscal Ariel Speranza Rossi en su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N.° 4 de la Matanza, integrado por los jueces Pablo Gayol, Franco Fiumara y Nicolás Grappasonno, pidió 50 años de prisión para Leandro David Aranda (el preso que iba a ser rescatado), su esposa Zahira Ludmila Bustamante, Gonzalo Fabián D'Angelo, Daniel Alberto Rodríguez, Tomas Sosa, Sebastián Ariel Rodríguez  y la abogada Leticia Analía Tortosa.

La calificación elegida por el fiscal para todos los acusados a los que les pidió los 50 años como coautores fue la de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas 'criminis causae', contra un miembro de las fuerzas públicas y por haber sido cometido mediante el empleo de arma fuego -reiterado en cuatro oportunidades- en grado de tentativa y portación ilegal de arma de guerra, los cuales concursan realmente entre sí, todo lo cual concursa idealmente con el delito de evasión agravada en grado de tentativa".

En el caso de la letrada Tortosa, el fiscal solicitó subsidiariamente que se la condenara a 20 años si se llegaba a considerar que solo había actuado como partícipe secundaria y, además, una inhabilitación especial y perpetua para el ejercicio de la abogacía. Para al octavo imputado, Bruno Damián Postigo Marullo (22), primo de Bustamante, el fiscal pidió una pena de 6 años por “encubrimiento agravado”, ya que sólo quedó involucrado por haber hecho una falsa denuncia por el robo de un auto que la banda usó en el golpe frustrado.

El veredicto final se dio a conocer en la sede de la Estación de Policía Departamental de Seguridad de La Matanza, ubicada en el cruce de autopista Ricchieri y Ruta 4, en la zona de Puente 12, La Matanza, el día 9 de abril de 2021. 

Los jueces Pablo Gayol, Franco Fiumara y Nicolás Grappasonno condenaron al principal imputado, Leandro David Aranda a la pena de cincuenta años de prisión, accesorias legales y costas, por considerarlo autor del delito de tentativa de evasión, y coautor del delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma y calificado por la función de las víctimas de resultar miembros de fuerzas policiales, “criminis causae” en concurso ideal entre sí.

A la misma pena fueron condenados también Zaira Ludmila Bustamante, Sebastián Ariel Rodríguez y, Tomás Axel Sosa, por considerarlos coautores de los delitos de facilitación a la evasión, tentativa de homicidio agravado por el uso de arma y calificado por la función de las víctimas de resultar miembros de fuerzas policiales, “criminis causae” en concurso ideal; siendo también condenado el mencionado Rodríguez por el delito de portación ilegal de arma de guerra en concurso real y, el citado Sosa por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra en concurso real.

En tanto, el imputado Gonzalo Fabián D’Angelo recibió una pena de 8 años de cárcel al ser partícipe secundario del hecho. Y la abogada Leticia Analía Tortosa fue condenada a 3 años de prisión condicional, al ser encontrada culpable del delito de “facilitación a la evasión”. 

Contra esta  sentencia, las defensas de los condenados interpusieron recurso de Casación.