Las investigaciones se iniciaron el 10 de enero de 2017 por un robo cometido en la sede del Banco Industrial situada en avenida Cazón 253, de la localidad de Tigre, donde, tras romper el blindex de entrada, los delincuentes robaron en 30 segundos setecientos cincuenta mil pesos. Las actuaciones tramitaron ante la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Rincón de Milberg, a cargo del Dr. Mariano Magaz.

Unas semanas más tarde, el día 30 de enero de ese mismo año, en la localidad de Florencio Varela, integrantes de la misma organización interceptaron con fines de robo al empresario Aldo Venturi, a quien asesinaron de tres disparos para robarle la suma de seis millones de pesos. Por este hecho tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 2 de Florencio Varela. a cargo de la Dra. Mariana Dongiovanni.

En un primer momento ambas investigaciones tramitaron en forma aislada, pero con el avance de cada una de ellas se estableció conexidad, lo que derivó en un trabajo en conjunto entre ambas Fiscalías.

Como resultado de diversos allanamientos realizados en las localidades de Claypole, Grand Bourg y Pilar, se procedió a la detención de los cuatro imputados, con la colaboración de la DDI Quilmes.

En el mes de marzo de 2019, y luego de una serie de diligencias ordenadas por la Fiscalía del caso, se ordenó la elevación a juicio de los autos principales, decretándose de esta manera el cierre de la etapa investigativa.

El juicio estuvo a cargo del Tribunal Oral Criminal N.º 3 de Quilmes, y de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 18 a cargo del Dr.  Andrés Federico Nieva Woodgate.

El debate, iniciado el 04 de octubre del corriente, culminó el pasado 29 de octubre de 2021, con la condena de los imputados de autos a cadena perpetua, accesorias legales y costas por los delitos de homicidio “criminis” causa (arts. 45 y 80 inciso 7 del Código Penal), tenencia ilegal de arma de guerra (arts. 45 y 189 bis, inciso 2, párrafo cuarto del Código Penal) y homicidio “criminis” causa y por haberse cometido contra miembros de las fuerzas de seguridad en grado de tentativa y tenencia ilegal de arma de guerra, en concurso real entre sí (arts. 42, 55, 80 incisos séptimo y octavo y 189 bis inciso segundo párrafo segundo del Código Penal).