Para el tribunal quedó debidamente acreditado que el imputado había cometido abuso sexual y maltratos de todo tipo en perjuicio de los niños, hechos que habrían ocurrido al menos entre enero y agosto de 2009, mientras convivían en una casa ubicada en la zona de Villa Esperanza, cuando las dos niñas tenían 3 y 5 años mientras que el hermanito varón había cumplido 6 años.

La denuncia provino del padre biológico de los menores, a quien los niños le relataron los padecimientos sufridos en ocasión de pasar unas vacaciones juntos.

Los tres niños (dos nenas y un varón) declararon mediante el sistema de Cámara Gesell y describieron los sometimientos que padecieron a diario durante 8 meses, relatando abusos sexuales, físicos y golpes con un cinturón, baños con agua fría o castigos tales como dormir en el piso, entre otros.

Los informes médicos acerca del estado físico de los menores describieron el hallazgo de excoriaciones en el cuerpo y en uno de ellos, al momento de la evaluación, lesiones compatibles con abusos sexuales.

El acusado se defendió argumentando que los menores se encontraban inducidos en sus declaraciones por el padre biológico, y agregó que lo relatado por los niños eran mentiras y que el responsable de los abusos sexuales era en verdad un compañero de trabajo del padre biológico.

Sin embargo, la pericia psicológica acerca del padre de los menores no presentó indicadores de animosidad para con el imputado, como tampoco se observaron indicadores de haber ejercicio presión en el relato de los niños damnificados.

Con la prueba recolectada, el juez De Rosa en su sentencia manifestó que: “las víctimas han efectuado un relato detallado de los hechos a lo largo del tiempo, lo cual resultó corroborado con la declaración de las profesionales de la salud psíquica que hicieron el informe, de donde se destaca que no fabulan y no recibieron presiones externas en relación al mismo”.

Respecto al deslinde de responsabilidad del imputado, el magistrado señaló que el testimonio del imputado y su versión de los hechos era un intento de mejorar su situación procesal, la cual se encontraba desvirtuada por la prueba producida en la causa. 

Tras la investigación, el Ministerio Público solicitó que se abra una nueva causa para "investigar el accionar de terceras personas distintas al imputado de esa causa”.