De tal manera, la instrucción impulsó el cumplimiento de un cúmulo de diligencias procesales que, en el afán del esclarecimiento del hecho, sirvieron como soporte de una hipótesis delictiva que se erige dentro de una delictividad concreta: el hurto agravado (en términos del art. 163 del Código Penal aplicable) y la sustracción de objetos destinados a servir como prueba ante la autoridad competente (conforme texto art. 255 del CP), el peculado (en virtud del art. 261 del CP), la asociación ilícita (según lo impone el artículo 210 del CP) y la entrega habitual de armas de fuego, municiones y otras piezas con valor comercial (atento lo prevé el art. 189 bis apartado 4 del CP).
Con la colaboración de la letrada Eliana Peñiñores y los letrados Lucas Mourlaas, Franco Gasparini pertenecientes a este órgano, y personal de la División Unidad Operativa de la Policía Federal –delegaciones Junín, Pergamino, San Nicolás-, se instrumentaron una serie de registros domiciliarios, al igual que de vehículos y personas -en la localidad de Junín y de San Nicolás de los Arroyos -Pcia. de Bs. As-, que permitieron incorporar material de interés -dispositivos electrónicos entre otros-, sobre los que luego se cumplimentaron labores de extracción de dicho contenido.
Como consecuencia de ello, se solicitó al Juzgado de Garantías departamental N.° 2, a cargo de la jueza Marisa Muñoz Saggese, el otorgamiento de órdenes de detención respecto de cuatro personas -de conformidad con el artículo 151 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires-, ejecutándose dicha instancia en fecha 9/2/23, respecto de un agente judicial Germán Néstor Villar, y de otros 3 ciudadanos que se identificaron debidamente.
La Fiscalía aclaró que el agente judicial presuntamente implicado nunca estuvo a cargo ni asignado a tarea alguna relativa el Área de Efectos secuestrados, como también que la investigación descartó cualquier otra colaboración de personal judicial, según los indicios relevados hasta el momento-; en el caso de otro de los implicados se trata de un agente penitenciario en actividad que cumplimenta sus tareas en la Unidad N.° 49 de esta localidad, pero cuya conducta, en este caso, tampoco involucraría -en principio-, la responsabilidad institucional o funcional del personal de dicho establecimiento; las restantes personas con domicilio en la localidad de San Nicolás de los Arroyos, resultan relacionadas con los anteriores.
Este viernes 10 de febrero, en horas de la mañana y en la sede del Ministerio Fiscal (edificio “San José”), se procederá - por orden del fiscal Esteban Pedernera- a recibirle la correspondiente declaración como imputados a todas las y los detenidos (art. 308 CPP).
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