La Resolución dictada por la Suprema Corte provincial, en coordinación con la Procuración General, establece el uso obligatorio del protocolo de actuación, que como anexo forma parte integral de la norma, en los procesos penales en la etapa de instrucción, juicio y ejecución, a partir del próximo 8 de mayo, para los órganos del fuero Penal y de Responsabilidad Penal Juvenil.
Esta implementación permite avanzar en la interoperatividad técnica de los sistemas informáticos de gestión judicial que funcionan en el ámbito de la Suprema Corte y la Procuración General, AUGUSTA y SIMP, respectivamente, con el fin de garantizar una interacción permanente entre ambos, con el objeto de agilizar los procesos y actividades propias de cada una de las jurisdicciones.
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