El acusado fue el cuarto efectivo policial encontrado culpable de los delitos de coautor jurídicamente responsable de privación ilegítima de la libertad con empleo de violencia, abuso sexual con acceso carnal calificado por la intervención de dos o más personas, y homicidio doblemente agravado por mediar en concurso premeditado de más de dos personas y por haberse consumado para lograr la impunidad de los coautores, por lo que se ordenó su inmediata detención y su traslado a la cárcel de Batán.

Los jueces coincidieron en que estos hechos “fueron cometidos en un contexto clarísimo de violencia de género y hoy debería llevar el rótulo de femicidio”, por lo que el acusado deberá cumplir su condena en la Unidad Penal N.° 44 de Batán, el mismo lugar en el que se encuentran cumpliendo una condena similar por el mismo delito, desde el año 2002, sus excompañeros de la comisaría de Miramar.

De acuerdo a lo acreditado en autos, el 4 de febrero de 2001, a la salida de un boliche de Miramar, un grupo de policías introdujo a la víctima por la fuerza en un patrullero y la trasladó a una casa para violarla y asesinarla mediante asfixia y después arrojar su cuerpo en el vivero municipal, donde fue encontrado cuatro días más tarde.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Ana María Caro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Miramar, quien destacó la declaración brindada en la primera audiencia del proceso por un testigo de identidad reservada de la causa, y un examen de ADN de un vello pubiano hallado en el cuerpo de la víctima, que arrojó una compatibilidad del 97,05 por ciento con el perfil genético del acusado.

En el caso del acusado, si bien había sido juzgado por primera vez en julio de 2018 y había resultado absuelto, la fiscalía y la familia de la adolescente apelaron el fallo, y en noviembre de 2019 la Sala III del Tribunal de Casación Penal bonaerense lo anuló y ordenó la realización de un nuevo juicio.