El caso comenzó con una acción de amparo presentada por la parte demandante contra el IOMA, en la que se solicitaba la cobertura integral de un tratamiento médico. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con sede en San Martín declaró la incompetencia de la justicia provincial, argumentando que la jurisdicción federal era la adecuada debido a la naturaleza de las leyes y tratados internacionales invocados en la demanda.
Sin embargo, tanto la parte actora como la Fiscalía de Estado presentaron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, argumentando que la materia en disputa estaba relacionada con normativas provinciales. Alegaron que la decisión de la Cámara de Apelación subvertía la autonomía provincial y la garantía de un juez natural, violando la Constitución provincial.
La Suprema Corte, al analizar el caso, se basó en un precedente reciente, el caso "Parrotta" (Causa A. 78.463, "Parrotta", sentencia de 12-V-2023), donde se enfrentó a una situación similar. En ese caso, la Corte provincial determinó que la jurisdicción local era adecuada debido a que la demandada era una entidad autárquica local, el IOMA. La Corte consideró que no había normativas federales que excluyeran la jurisdicción local y que debía aplicarse el ordenamiento provincial correspondiente.
Por lo tanto, la Suprema Corte de Buenos Aires, a raíz de los argumentos presentados y el precedente "Parrotta", decidió hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la Fiscalía de Estado y revocar la decisión de la Cámara de Apelación.
En consecuencia, declaró que la jurisdicción provincial era competente en el caso y ordenó que la causa se remitiera al Juzgado de Ejecución Penal N.° 1 del Departamento Judicial de Mercedes, que previno en el asunto.
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