Así, a partir del repaso de ciertas herramientas conceptuales y la identificación de las barreras, asimetrías e inequidades de trato que puedan padecer las personas con discapacidad en los procesos judiciales y procedimientos administrativos, procura que sus operadores -mediante una actuación cohesionada y un abordaje circunstanciado impulsen su eliminación a través del empleo de un trato digno, respetuoso, considerado y no discriminatorio de dichas personas, así como de la adopción de las medidas afirmativas, ajustes razonables, de procedimiento y simplificación de prácticas que sean necesarios en cada caso y en favor de aquéllas, en función de su concreta situación y sus diversos grados de independencia y autonomía.

Por ello, esta Guía se encuentra dirigida a todos los agentes y funcionarios de la Administración de Justicia y del Ministerio Público provinciales, a los letrados, los auxiliares y a toda otra persona, cualquiera fuere su rol o área de desempeño, que intervenga de cualquier modo en los procesos o trámites en los que -en el ámbito del Poder Judicial- participe una persona con discapacidad, en cualquier materia y en cualquier etapa procesal, tanto en función jurisdiccional como administrativa.

En forma adicional, la Resolución establece que se elaborarán documentos explicativos de la presente Guía en formato escrito y audiovisual, empleando lenguaje claro y adaptado, para ser entregados a las personas con discapacidad que se desempeñan como operadores judiciales y al público en general, con el objeto de brindarles información útil acerca de la misma, sus propósitos y alcances.

Es por esto que, tanto la Suprema Corte de Justicia como el Ministerio Público asumen la función de elaborar y mantener actualizadas estadísticas vinculadas al cumplimiento de los objetivos de esta Guía y someter a revisión periódica sus contenidos, a partir de las resultas de su implementación y los intercambios de experiencias que se vayan generando con los operadores judiciales y los destinatarios de la misma.

DESCARGAR la “Guía de buenas prácticas para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad”