La causa se inició en septiembre de 2020 luego de recibirse un reporte de NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) donde se informó que un usuario determinado tuvo en su poder y compartió a través de redes sociales videos con contenido ilícito, lo que motivó el inicio de las tareas de investigación.

Fue así que, a pedido del fiscal, el 11 de marzo de 2022 la justicia de garantías ordenó un allanamiento en la vivienda del imputado ubicada en la localidad de Puán donde se determinó que el acusado tuvo en su poder -en su teléfono celular- al menos diez archivos que contenían material de abuso sexual infantil.

Además, lo que agravó la situación del acusado fue que se detectó el envío a través de Facebook de videos con similares características, en diferentes fechas ubicadas entre los años 2020 y 2022, en los cuales se observa que las víctimas son incluso menores a los 13 años de edad.

La jueza consideró que el acusado es autor penalmente responsable de los delitos de tenencia y distribución de representaciones de menores de 18 años dedicados a actividades sexuales explícitas y/o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales agravado por ser la víctima menor de 13 años.