El trabajo conjunto de la UFI N.° 4, a cargo de Federico Soñora, y el Registro Único de Capturas de Moreno, con la colaboración de la División Homicidios de la Policía Federal, permitió la captura de la imputada, quien tenía una orden de detención por parte de la Fiscalía por su participación en el delito. En febrero, la mujer y al menos cinco cómplices habían cometido un ajuste de cuentas vinculado con el narcotráfico.

Durante la investigación, se dio intervención a los organismos pertinentes de los Ministerios de Seguridad de la Nación y de la Provincia. Las tareas de inteligencia determinaron que la imputada se encontraba en José C. Paz, donde fue finalmente detenida.

Se incautó su teléfono celular y se informó de la situación a la UFECO (Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia), que es el organismo especializado en investigar y perseguir delitos que se cometen a través de medios digitales, como fraudes informáticos, extorsiones en línea y otros crímenes cibernéticos. Su función es coordinar acciones legales y operativas para enfrentar estos delitos, colaborando con otras instituciones y fuerzas de seguridad.

Desde la Fiscalía informaron que, durante el hecho, los imputados mantuvieron a la víctima en cautiverio, la amenazaron con armas de fuego y la golpearon. Además, la trasladaron hasta un predio en Moreno, donde la ataron y agredieron físicamente, liberándola tras 3 días en las inmediaciones del Hospital de Emergencias Domingo Angio.

En febrero, se detuvo a cinco coautores del delito, se desarticularon varios "bunkers" de venta de drogas y se incautaron grandes cantidades de estupefacientes (cocaína y marihuana) y armas de fuego.

Se destaca que, en el marco de acciones coordinadas a nivel departamental para enfrentar el narcotráfico y otros delitos conexos, el 30 de julio de 2024, la Fiscalía General dictó la resolución 24/24 para que las Fiscalías colaboren con la UFI N.° 12 en casos relacionados con el tráfico de estupefacientes, intercambien información con la Justicia Federal (UFECO y PROCUNAR) y soliciten al Ministerio de Seguridad y a los municipios locales que aseguren que los inmuebles registrados no sean reutilizados para la venta de droga.