El procedimiento, en el que se destruyeron aproximadamente 10.000 expedientes registrados entre los números 601 y 800, se realizó conforme a lo estipulado en el "Reglamento sobre el Régimen de Receptorías de Expedientes, Archivos del Poder Judicial, Mandamientos y Notificaciones" del Acuerdo 3397 de la Suprema Corte.

La actividad contó con la participación de personal de la Asociación Pro Rehabilitación Infantil de la Ciudad de La Plata (A.P.R.I.L.P.), entidad que recibió el papel resultante del proceso para su reciclaje, contribuyendo a su labor en la atención y rehabilitación de personas con discapacidad neurolocomotora.

Esta medida se enmarca en los esfuerzos por optimizar la gestión documental en el sistema judicial y se llevó a cabo asegurando la completa ilegibilidad de las actuaciones, en cumplimiento del artículo 15 de la Resolución 764/11 de la Procuración General. Además, permitió liberar espacio físico y mejorar el aprovechamiento de los recursos disponibles en el archivo.