La Resolución menciona en sus considerando que el vertiginoso avance de las tecnologías digitales y el creciente uso de internet en todos los ámbitos de la vida cotidiana han generado nuevas formas de criminalidad tales como delitos ciberasistidos, en los cuales las tecnologías digitales son utilizadas como herramienta para cometer delitos tradicionales y delitos ciberdependientes, aquellos en los que el uso de tecnologías de la información y la comunicación son el aspecto constitutivo y central de tales conductas, sin la cual no podrían realizarse.
Entre el uso de las nuevas tecnologías y la infraestructura digital para llevar a cabo actividades ilícitas de manera más eficiente, se mencionan delitos como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero, el tráfico de armas y aquellos dirigidos contra la infancia e integridad sexual de las niñas, niños y adolescentes. por lo que resulta necesario adoptar un enfoque integral, colaborativo y federal que permita articular los esfuerzos del Gobierno Nacional con los de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de promover un entorno seguro en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y fortalecer las capacidades de prevención e investigación de los ciberdelitos.
En el anexo se menciona específicamente cómo las amenazas en el ciberespacio abarcan desde ataques de ransomware, que paralizan sistemas críticos, hasta campañas de phishing que buscan robar información personal y financiera, y cómo detrás de estas amenazas se encuentran ciberdelincuentes individuales, organizaciones criminales, actores estatales y grupos patrocinados por estados que buscan ventajas estratégicas y económicas.
Es por ello que se designa a la Dirección del Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos como la responsable de coordinar el esfuerzo nacional de policía en materia de lucha contra el ciberdelito y las amenazas cibernéticas, a través del diseño y de la elaboración de las políticas y programas de fortalecimiento.
El plan tendrá varios objetivos, tales como la coordinación federal en materia de lucha contra el ciberdelito, fortalecimiento y capacitación especializada de las fuerzas, incremento de las capacidades en materia de análisis forense digital, etc.
También se impulsará una actualización del marco jurídico vigente sobre las nuevas amenazas y actos delictivos que se desarrollan en el ciberespacio, junto con el fortalecimiento de las normas, estandarización de procesos, procedimientos y protocolos vinculados a la ciberseguridad y la investigación del ciberdelito como fenómeno criminal, tratamiento y manejo de evidencias almacenadas electrónicamente y cadena de custodia.
En virtud de la naturaleza transnacional del cibercrimen, ya que los ataques pueden originarse desde cualquier lugar del mundo y causar un impacto global, se hace especial hincapié en la cooperación Internacional, proponiendo acuerdos a nivel regional e internacional, medidas de prevención del ciberdelito y protección de la niñez, hasta lograr posicionar a nuestro país como referente en materia de lucha contra la ciberdelincuencia y desarrollo de políticas de ciberseguridad que promuevan la cooperación internacional como eje principal de este nuevo paradigma.
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