Teniendo en cuenta que las fuertes precipitaciones que afectaron a las localidades de Bahía Blanca y alrededores, ocasionaron inundaciones, anegamientos e innumerables daños personales y materiales, y provocaron el fallecimiento y la desaparición de personas, evacuaciones y el corte del suministro de energía eléctrica, de agua y del servicio de internet, el Ejecutivo provincial declaró la emergencia en varios partidos por 30 días (Decreto n.° 316/2025) para ejecutar obras y acciones urgentes.
La Suprema Corte de Justicia, a través de Resolución RP n.º 130/25 dispuso hacer llegar un mensaje de solidaridad y acompañamiento a la población afectada por el temporal en la ciudad de Bahía Blanca y sus alrededores. Asimismo, fijó asueto con suspensión de términos procesales desde el 10 al 14 de marzo del corriente año para todos los organismos del Departamento Judicial de Bahía Blanca, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos. Previamente ya se había fijado suspensión de términos para el pasado 7 de marzo (Resolución RP n.º 129/25).
Ante la afectación de agentes judiciales, la Procuración General entendió necesario intervenir para acompañar a los damnificados y garantizar el restablecimiento del servicio de justicia.
En este marco, mediante la Resolución PG n.° 281/25, el Procurador General resolvió: expresar solidaridad con la población afectada en Bahía Blanca, comunicar a las autoridades judiciales locales la disposición de asueto con suspensión de términos procesales para los días 7, y del 10 al 14 de marzo del corriente año para todos los organismos del Departamento Judicial, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos, y solicitar un informe sobre los agentes damnificados, así como los daños en oficinas y bienes judiciales.
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