Una investigación a cargo de la UFIJ n.° 1 de Quilmes, especializada en delitos de extorsión, defraudación y estafas cometidos en entornos digitales, permitió desbaratar a una organización acusada de haber sustraído 216 millones de pesos a una PyME radicada en ese distrito.

El hecho fue denunciado a fines de 2024 por la apoderada de la empresa, quien relató que al ingresar al homebanking apareció un mensaje que indicaba una supuesta “actualización de certificados”. Minutos más tarde, detectó que se habían realizado doce transferencias bancarias a personas desconocidas.

La maniobra comenzó con un correo electrónico malicioso que facilitó la instalación de un virus en una computadora de la empresa. Desde allí, los delincuentes accedieron al saldo bancario y ejecutaron el desvío de fondos. Parte del dinero fue rastreado por la fiscalía: se incautaron $52 millones, mientras que el resto fue transferido a más de cincuenta cuentas virtuales, muchas de ellas radicadas en el extranjero.

Las tareas investigativas, encabezadas por el fiscal Dr. Ariel Rivas y el ayudante fiscal Leandro Montejo, derivaron en once allanamientos realizados en La Matanza, Monte Grande, Junín y Resistencia (Chaco), y permitieron identificar a veintitrés imputados.

Entre ellos se hallan beneficiarios de bajos recursos que habrían cedido sus datos a cambio de una suma de dinero, así como personas de alto perfil económico que habrían convertido parte del botín en criptomonedas.

En los operativos se secuestraron teléfonos celulares y dispositivos electrónicos claves para continuar con el seguimiento del resto de la organización.

Desde la fiscalía advirtieron que las pequeñas y medianas empresas suelen ser blancos frecuentes de este tipo de ataques, debido a la escasa infraestructura en ciberseguridad, lo que favorece maniobras cada vez más sofisticadas.