Una compleja investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal n.° 1 especializada en Delitos de Defraudaciones, Estafas y Extorsión en Entornos Digitales del Departamento Judicial de Quilmes permitió desarticular una organización delictiva transnacional dedicada a la ciberdelincuencia, tras una millonaria estafa perpetrada contra una pequeña y mediana empresa local.

El caso se inició a partir de una denuncia presentada en septiembre de 2024 por el titular de una PyME del partido de Quilmes. El empresario relató que, al ingresar al sistema de home banking de su entidad bancaria, se encontró con un mensaje que solicitaba una “actualización de certificados”. Minutos después, detectó que se habían realizado 25 transferencias electrónicas por un total de $138 millones a cuentas de personas desconocidas.

La investigación, encabezada por el agente fiscal Dr. Ariel Rivas y el ayudante fiscal Dr. Leandro Montejo, contó con el apoyo del Departamento de CiberDelitos y Tecnologías Aplicadas, así como del equipo de análisis de criptoactivos de la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Utilizando herramientas forenses especializadas, como QLUE de Blockchain Intelligence Group, los investigadores lograron rastrear los fondos desviados.

Los movimientos financieros evidenciaron que el dinero fue rápidamente transferido a cuentas de criptomonedas, un método común entre las bandas de ciberdelincuentes. Parte de los fondos fue depositado en billeteras virtuales (wallets) pertenecientes a personas de nacionalidad colombiana y venezolana, que no registraban ingresos al país, según informaron las autoridades nacionales.

Durante la investigación también se descubrió que una de las personas involucradas había adquirido pasajes aéreos para ella y su familia utilizando criptomoneda USDT, producto del ilícito. La compra fue realizada a través de una aerolínea nacional y pudo ser frustrada gracias a una alerta emitida por la fiscalía, evitando así una nueva maniobra fraudulenta.

Los allanamientos, realizados con la colaboración de la División CiberCrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con sede en Florencio Varela, permitieron el secuestro de teléfonos celulares, notebooks y otros dispositivos electrónicos clave para la causa.

La investigación continúa con pedidos de captura internacional para sospechosos que se encuentran fuera del país, y se ha imputado a varias personas que, según la fiscalía, forman parte de distintos niveles dentro de la organización criminal.

Desde la fiscalía advirtieron que este tipo de delitos suele tener como blanco a pequeñas y medianas empresas que no cuentan con medidas adecuadas de seguridad informática, como antivirus actualizados, software protegido ni personal capacitado en ciberseguridad. Esta falta de prevención las convierte en blancos vulnerables para los ataques digitales, generando perjuicios económicos devastadores.