El caso se originó a partir de una investigación desarrollada en 2021, que permitió constatar que el imputado había distribuido al menos 82 archivos con contenido de explotación sexual infantil y poseía otros 145 videos con fines de distribución, todos almacenados en una computadora incautada en un local comercial de esa ciudad.

Además, en un allanamiento posterior realizado en su domicilio particular, se secuestró un disco rígido que contenía aproximadamente 139.000 archivos adicionales con contenido similar, lo que da cuenta de la magnitud y gravedad del material recopilado.

Durante los alegatos finales, el Ministerio Público Fiscal expuso que los hechos imputados revisten una especial lesividad, no solo por la cantidad y el tipo de material, sino también por el agravamiento legal derivado de que las víctimas representadas en los videos eran menores de 13 años, conforme lo establece el artículo 128 del Código Penal, en concordancia con los compromisos asumidos por el Estado argentino en tratados internacionales sobre protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La defensa del imputado no cuestionó su participación en los hechos, pero solicitó la imposición del mínimo legal previsto para la figura penal, así como la posibilidad de que la eventual pena se cumpla bajo la modalidad domiciliaria, invocando razones de salud.

El veredicto será dictado por la jueza Daniela Castaño, integrante del Tribunal en lo Criminal n.º 3, el próximo jueves 3 de julio.

Este proceso representa un paso más en la lucha contra los delitos de abuso sexual en entornos digitales, y pone de relieve el compromiso con la búsqueda de la protección integral de la infancia, tal como lo exigen la Ley n.° 26.061, la Ley n° 26.388 y los estándares internacionales de derechos humanos.