La acción de habeas data fue entablada por D.B. con el fin de suprimir de los archivos y bases de datos de Google información que consideraba "falsa y maliciosa" y que lo vinculaba con una denuncia por "acoso y manipulación que nunca existió". El demandante argumentó que calificativos como "acosador" y "manipulador", difundidos en diversos sitios web, afectaban sus derechos a la imagen, al nombre y al honor.

En primera instancia, el juez había admitido la demanda, considerando que los calificativos eran lesivos de los derechos personalísimos del actor, quien además no poseía antecedentes penales. El magistrado sostuvo que cuando una expresión se transforma en una "ofensa gratuita", se desdibuja el derecho del ofensor a emitirla, haciendo imperativo prevenir el daño.

Google LLC apeló la sentencia, argumentando que los contenidos cuya desindexación se ordenó estaban amparados por la libertad de expresión, dado que aportaban información de "interés público", como denuncias de violencia psicológica contra la mujer. La empresa sostuvo que el bloqueo de un sitio es una medida extrema justificada solo en casos de "expresiones manifiestamente ilícitas", como pornografía infantil o incitación al odio racial, situaciones que, a su entender, no se verificaron en este caso.

La Sala III analizó la pretensión del demandante, diferenciándola de otros casos juzgados por la Corte Suprema, como "Rodríguez", donde el reclamo era indemnizatorio. Sin embargo, enfatizó que la doctrina del Alto Tribunal sobre la materia es ineludible.

La Cámara consideró aplicable el artículo 16, inciso 1, de la Ley de Habeas Data (Ley n.° 25.326), que establece el derecho a la supresión de datos personales cuando corresponda. Se confrontaron los derechos del actor a la imagen, al nombre y al honor con la libertad de expresión de los usuarios y de Google como intermediario del proceso comunicacional.

El Tribunal recordó que la Corte Suprema ha jerarquizado la libertad de expresión en una sociedad democrática y ha adoptado la doctrina de la "real malicia". Esta doctrina, aplicable también a Internet, prioriza la circulación de información sobre la responsabilidad subsiguiente del autor, salvo que se acredite conocimiento de falsedad o desprecio manifiesto. La Cámara señaló que la eficacia de un bloqueo en Internet es limitada debido a la dinámica de la red y la aparición de nuevos sitios que reproducen contenidos.

Además, la sentencia destacó que el rol de intermediario de Google en el proceso de búsqueda y de acceso a la información en la red, obsta a que se le imponga el deber de monitorear previamente los contenidos. Un punto crucial fue que no había prueba de que los contenidos denunciados fueran falsos, ni que fueran equiparables a los supuestos de "manifiesta ilicitud".

La Cámara también hizo hincapié en la Convención de Belém do Pará, que define y busca erradicar la violencia contra la mujer. Si bien la denuncia se enmarcaba en la violencia de género, el Tribunal consideró que la visualización de conductas abusivas es relevante para el amparo, pero no invalida la aplicación de la libertad de expresión en este caso específico sin prueba de falsedad o ilicitud manifiesta.

En consecuencia, el Tribunal resolvió declarar procedente el recurso de apelación de Google LLC, revocar la sentencia de primera instancia y rechazar la demanda.

DESCARGAR SENTENCIA