Los allanamientos tuvieron lugar en Cuartel Quinto y Villa Zapiola, con intervención de la UFI n.° 12 especializada, a cargo de los Dres. Leandro Ventricelli y Ezequiel Freydier, con personal de la Seccional Tercera de Moreno. La investigación se inició por denuncias anónimas que anoticiaron que en dichos domicilios se vendían drogas.

Tras las pertinentes tareas de inteligencia, la Fiscalía geolocalizó la ubicación de los distintos inmuebles e identificó los posibles puntos de venta. Así, pudo establecer que en dos de las viviendas se guardaban las sustancias, que desde otra un sujeto masculino realizaba la distribución y que en las restantes se llevaba adelante el “narcomenudeo”.

En ese contexto, se solicitaron los allanamientos al Juzgado de Garantías y se procedió al secuestro de más de 10 kilos de marihuana, 500 gramos de cocaína, dinero en efectivo (tanto pesos como dólares), teléfonos celulares, balanzas, máquina de contar billetes, handys, elementos de corte y autos utilizados para la distribución.

Además, se logró la identificación y aprehensión de nueve personas mayores de edad, a quienes se les recibió declaración a tenor del art. 308 del C.P.P., en orden a los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por tratarse de más de tres personas organizadas para su comisión.

Los operativos se efectuaron como resultado del trabajo realizado por la UFI que, conforme al plan de acción diseñado por la Fiscalía General para mejorar la respuesta en la temática, impulsa diversos procedimientos para abordar en la jurisdicción la gran conflictividad vinculada al tráfico de drogas.

Finalmente, es dable destacar que, en el marco de las distintas acciones coordinadas que al efecto se vienen implementando a nivel departamental para afrontar esta problemática, la Fiscalía General dictó la Resolución n.° 24/24 a fin de que el resto de las fiscalías trabajen en forma coordinada con la UFI n.°12 cualquier hecho que se vincule al tráfico de estupefacientes.

Por otra parte, se continúa el intercambio de información con la Justicia Federal (UFECO y PROCUNAR) y, en su caso, se solicita al Ministerio de Seguridad y a los municipios locales que arbitren los medios necesarios para evitar que los inmuebles registrados sean nuevamente ocupados y utilizados para la venta de droga.