La pesquisa se inició a raíz de que el imputado, mediante el empleo de violencia, perturbó la posesión de un predio de grandes dimensiones en la localidad de Trujui y amenazó a los ocupantes. Los hechos ocurrieron en el marco de una disputa por la propiedad del terreno. Posteriormente, el acusado se resistió y atentó contra el accionar policial.

El imputado, que actualmente se encuentra con prisión domiciliaria, realizó varias denuncias con el objeto de "instalar la hipótesis" de que la causa había sido "armada" por el Ministerio Público Fiscal y otros integrantes del poder judicial y la política.

Sin embargo, el pasado 13 de mayo, la Cámara confirmó la decisión del Juzgado de Garantías y ordenó la elevación a juicio. El imputado enfrentará cargos por los delitos de amenazas simples reiteradas (cinco hechos), amenazas coactivas reiteradas (cuatro hechos), amenazas coactivas agravadas por el uso de arma, turbación de la posesión, atentado contra la autoridad agravado por poner manos sobre la misma y resistencia a la autoridad, todo en concurso real.

Para llegar a esta conclusión, el Tribunal analizó los elementos de prueba y desestimó los cuestionamientos de la defensa. La Cámara argumentó que: la documentación aportada por el imputado no es relevante para dilucidar los hechos de la causa penal y debe ser valorada en el fuero civil; quedó demostrado que los damnificados tenían la posesión de los lotes desde hacía muchos años; se comprobó que el imputado actuó de modo "sistemático" y "amenazante" con armas de fuego contra las víctimas; y que la versión de descargo del imputado y los testigos propuestos "en nada lograron desvirtuar" la prueba reunida por la Fiscalía.