El debate central, que la propia sentencia reconoce como un reflejo del contexto actual, se centró en si el material atribuido al imputado era ficticio o real. La Defensa Oficial argumentó que el artículo 128 del Código Penal, que castiga estos delitos, busca proteger a "víctimas reales" y no alcanza a quienes poseen representaciones ficticias de menores en situaciones sexuales.
El Tribunal rechazó el recurso de apelación y remitió la causa a juicio. La resolución argumenta que la calificación legal del hecho se ajusta al plexo probatorio y al derecho aplicable. Para el Tribunal, la "simple observación de los videos y fotografías" es suficiente para inferir que se trata de niños y niñas, más allá de que las víctimas no hayan sido formalmente identificadas.
En su análisis, la Cámara señaló que la legislación argentina, al utilizar el vocablo "representación", se ajusta a los estándares internacionales que consideran pornografía infantil a toda representación de un niño "real o simulada". El fallo se apoya en el Segundo Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño y en el Convenio sobre Ciberdelito de Budapest. Ambos instrumentos, que inspiraron la última reforma del artículo 128 del Código Penal, amplían la definición para incluir material creado con herramientas tecnológicas como la IA.
El fallo cita a la Europol y la ONU, que han alertado sobre el aumento de este tipo de material generado por IA y el riesgo de que la pornografía infantil creada artificialmente contribuya a la cosificación y sexualización de los niños, incluso si no hay víctimas reales. La sentencia concluye que, si bien la discusión sobre la autenticidad del material puede ser dilucidada en la etapa de juicio, la conducta atribuida al imputado encuadra en la previsión del artículo 128 del Código Penal.
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