La investigación se inició a raíz del brutal asesinato de un hombre de 36 años, quien fue ejecutado con un arma de fuego en el asiento trasero de un vehículo Volkswagen Gol y posteriormente su cuerpo fue abandonado en la vía pública.

El exhaustivo trabajo de la UFI n.° 1 de Moreno logró acreditar que la motivación detrás del crimen se correspondía con un "ajuste de cuentas" en el ámbito del narcotráfico. Además, la pesquisa determinó que el homicidio fue perpetrado de forma premeditada por una banda criminal compleja y organizada, dedicada a la comercialización de estupefacientes y con múltiples puntos de venta en diversas zonas.

En línea con los lineamientos de la Resolución n.° 24/24 de la Fiscalía de Cámara de Moreno, que promueve la comunicación y coordinación con el fuero Federal en casos de crimen organizado y narcotráfico, la UFI n.° 1 declinó su competencia. Esta decisión se tomó luego de lograr la prisión preventiva firme de dos imputados que habrían intervenido en el homicidio, y en virtud de la estrecha conexión existente entre el asesinato y la estructura narco que operaba tanto en San Martín como en la zona de Moreno y General Rodríguez.

Inicialmente, el fuero de excepción se había negado a aceptar la pesquisa. Sin embargo, la situación escaló hasta el dictamen del Procurador General de la Nación, quien resaltó que los elementos de la investigación apuntaban a una estrecha vinculación entre la víctima y los integrantes de la organización criminal. El Procurador consideró que la intervención de la Justicia Federal se vislumbraba como la mejor solución para asegurar una mayor eficacia de la investigación y cumplir con los fines de la Ley n.° 23.737, vinculada a los delitos de estupefacientes.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación respaldó la remisión efectuada por la UFI n.° 1 y declaró la competencia de la Justicia Federal para que continúe entendiendo en los hechos investigados. Esta decisión marca un precedente importante en la articulación de esfuerzos entre las justicias provincial y federal para combatir el narcotráfico y el crimen organizado a gran escala.