La investigación estuvo a cargo de la UFIJ n.° 10, conducida por el Sr. fiscal Gustavo Zorzano, quien acreditó que entre noviembre de 2014 y junio de 2024 el imputado consignó datos falsos respecto de su domicilio en la localidad de Juan A. Pradere. 

A raíz de esta maniobra, se indujo en error a las autoridades encargadas de la liquidación de haberes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, lo que permitió al condenado percibir sumas adicionales en su salario.

El fallo dispuso una pena de dos años y seis meses de prisión, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el cumplimiento de reglas de conducta durante tres años y la realización de 240 horas de tareas comunitarias en instituciones públicas o privadas de bien público.

En el aspecto jurídico, la condena recayó por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, en la modalidad de estafa agravada por haber sido cometida por funcionario público, en concurso ideal con falsificación ideológica de instrumento público.