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Septiembre 19, 2025

Amparo. Ley n.° 16.986. Acceso a la información pública. Ley n.° 27.275. Banco de la Nación Argentina. Resolución AAIP RESOL-2024-21-APN-AAIP. Caducidad. Principio de máxima divulgación. Transparencia y publicidad de la gestión pública. Acto administrativo firme y ejecutorio. Excepciones legales. Artículo 8 Ley n.° 27.275

Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala I," BANFI, KARINA VERONICA c/ BANCO DE LA NACION ARGENTINA s/AMPARO LEY 16.986 “, 16 de septiembre de 2025

La Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, integrada por los jueces Clara María do Pico, Liliana María Heiland y Rodolfo Facio, confirmó la sentencia que había hecho lugar a la acción de amparo promovida por Karina Verónica Banfi contra el Banco de la Nación Argentina (BNA), con el objeto de acceder a información pública solicitada en el marco de la Ley n.° 27.275 de Acceso a la Información Pública.

 

La actora había requerido datos vinculados a las remuneraciones de las autoridades del BNA, legajos y antecedentes de determinados funcionarios, eventuales vínculos de parentesco, así como información sobre la estructura vigente y proyectos de modificación institucional. Tras la negativa parcial del Banco y la intervención de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que dictó la Resolución RESOL-2024-21-APN-AAIP intimando al cumplimiento de la entrega de datos, la controversia llegó a sede judicial.

 

La Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, al resolver la apelación el 16 de septiembre de 2025, desestimó los agravios. Consideró que el plazo de caducidad comenzaba a contarse desde la negativa expresa del Banco (Nota CUM 70/24), lo que tornaba tempestiva la acción. Señaló que la resolución de la AAIP, al no haber sido recurrida, adquirió carácter de acto administrativo firme y ejecutorio. Finalmente, entendió que las excepciones invocadas carecían de fundamentación suficiente, pues se limitaron a alegaciones genéricas sin demostrar un daño concreto, en contraposición al principio de máxima divulgación que rige el derecho de acceso a la información pública.

 

En consecuencia, la Cámara confirmó la sentencia que ordenó al Banco de la Nación Argentina entregar la información solicitada por la actora y le impuso las costas del proceso.

 

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La actora había requerido datos vinculados a las remuneraciones de las autoridades del BNA, legajos y antecedentes de determinados funcionarios, eventuales vínculos de parentesco, así como información sobre la estructura vigente y proyectos de modificación institucional. Tras la negativa parcial del Banco y la intervención de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que dictó la Resolución RESOL-2024-21-APN-AAIP intimando al cumplimiento de la entrega de datos, la controversia llegó a sede judicial.

 

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