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Abril 04, 2019

Recurso extraordinario de nulidad. Sistema protectorio de consumidores y usuarios. Derecho mercantil de los títulos de crédito. Necesidad de que la Suprema Corte provincial fije pautas unívocas para una interpretación armonizadora. Declaración de oficio de la incompetencia territorial. Seguridad del tráfico jurídico. Coherencia del sistema normativo. Función uniformadora del Tribunal Cimero

Dictamen del Procurador Expte. Nº C 122.586, "Pardo S.A. c/ Martínez Verónica Cecilia s/ Cobro Ejecutivo", 27 de marzo de 2019

En la intervención que fue conferida al Procurador en el marco de lo preceptuado por los arts. 52 de la ley 24.240 y 27 de la ley 13.133, este consideró que el recurso extraordinario de nulidad impetrado resultaba improcedente. No obstante, y en otro orden de ideas, advirtió que hasta tanto se dicten las adecuaciones legislativas necesarias, sería conveniente que el Tribunal cimero proporcionara pautas para compatibilizar el sistema protectorio de consumidores y usuarios, por un lado, y el del derecho mercantil de los títulos de crédito, por el otro.

Colacionó en tal sentido jurisprudencia de la Suprema Corte a cuyo tenor si bien imperan en el ámbito de las relaciones de financiación para consumo las limitaciones cognoscitivas propias de los procesos de ejecución que impiden debatir aspectos ajenos al título en los términos del art. 542 del C.P.C.C., es posible una interpretación de la regla aludida acorde con los principios derivados de la legislación de protección de usuarios; de tal suerte, a través de una lectura armonizante de ambos sistemas, según la jurisprudencia traída, los jueces podrían declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación, mediante elementos serios y adecuadamente justificados, de la existencia de una relación de consumo, amparada por el régimen de protección diferenciada instaurado a partir de la reforma constitucional de 1994.


Desde esa perspectiva, el Procurador estimó que el Superior Tribunal debería determinar en ejercicio de su función uniformadora como cabeza del poder judicial provincial, un criterio unívoco que logre compatibilizar los desajustes que emergen entre las reglas sustantivas y de fondo, no compaginadas con el paradigma protectorio de consumidores y usuarios. Ello, como contribución necesaria e indispensable a la seguridad del tráfico jurídico y a la coherencia de todo el sistema normativo.


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Detención por homicidio agravado por el vínculo: se efectivizaron dos allanamientos en el marco de la investigación por femicidio
Texto: Personal de la Comisaría 5ta de Wilde, dependiente de la Policía Departamental de Seguridad Avellaneda (S.R. AMBA SUR I), llevó a cabo la efectivización de dos órdenes de allanamiento dispuestas en el marco de la Investigación Penal Preparatoria n.° 20-00-017479-24, caratulada “Homicidio agravado por el vínculo (femicidio)”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción n.° 2 de Avellaneda, a cargo de la Dra. Carballal.
Tres personas aprehendidas por tentativa de ingreso a finca y secuestro de herramientas de forzamiento
Personal del Comando de Patrullas Avellaneda, perteneciente a la Policía Departamental de Seguridad Avellaneda (S.R. AMBA SUR I), logró la aprehensión de tres personas mayores de edad en el marco de una causa por averiguación de ilícito, bajo la modalidad de ingreso a finca, hecho que fuera advertido a través del sistema de monitoreo urbano.
Libertad condicional. Inconstitucionalidad. Artículo 14 inc. 10 del Código Penal. Ley n.° 27.375. Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Narcomenudeo. Ejecución penal. Principio de igualdad. Progresividad de la pena. Resocialización. Derechos Humanos. Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Tribunal de Casación Penal de La Plata, Sala V, “S. S. V. I. s/ Recurso de Casación”, 25 de junio de 2025
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Recurso extraordinario de nulidad. Sistema protectorio de consumidores y usuarios. Derecho mercantil de los títulos de crédito. Necesidad de que la Suprema Corte provincial fije pautas unívocas para una interpretación armonizadora. Declaración de oficio de la incompetencia territorial. Seguridad del tráfico jurídico. Coherencia del sistema normativo. Función uniformadora del Tribunal Cimero

Dictamen del Procurador Expte. Nº C 122.586, "Pardo S.A. c/ Martínez Verónica Cecilia s/ Cobro Ejecutivo", 27 de marzo de 2019

En la intervención que fue conferida al Procurador en el marco de lo preceptuado por los arts. 52 de la ley 24.240 y 27 de la ley 13.133, este consideró que el recurso extraordinario de nulidad impetrado resultaba improcedente. No obstante, y en otro orden de ideas, advirtió que hasta tanto se dicten las adecuaciones legislativas necesarias, sería conveniente que el Tribunal cimero proporcionara pautas para compatibilizar el sistema protectorio de consumidores y usuarios, por un lado, y el del derecho mercantil de los títulos de crédito, por el otro.

Colacionó en tal sentido jurisprudencia de la Suprema Corte a cuyo tenor si bien imperan en el ámbito de las relaciones de financiación para consumo las limitaciones cognoscitivas propias de los procesos de ejecución que impiden debatir aspectos ajenos al título en los términos del art. 542 del C.P.C.C., es posible una interpretación de la regla aludida acorde con los principios derivados de la legislación de protección de usuarios; de tal suerte, a través de una lectura armonizante de ambos sistemas, según la jurisprudencia traída, los jueces podrían declarar de oficio la incompetencia territorial a partir de la constatación, mediante elementos serios y adecuadamente justificados, de la existencia de una relación de consumo, amparada por el régimen de protección diferenciada instaurado a partir de la reforma constitucional de 1994.


Desde esa perspectiva, el Procurador estimó que el Superior Tribunal debería determinar en ejercicio de su función uniformadora como cabeza del poder judicial provincial, un criterio unívoco que logre compatibilizar los desajustes que emergen entre las reglas sustantivas y de fondo, no compaginadas con el paradigma protectorio de consumidores y usuarios. Ello, como contribución necesaria e indispensable a la seguridad del tráfico jurídico y a la coherencia de todo el sistema normativo.


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